Para la WHR, este proyecto «es la última de una serie de medidas del gobierno de Bukele orientadas a intimidar y hostigar a organizaciones de la sociedad civil».
Por EFE
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, sostuvo este viernes que el proyecto de ley de agentes extranjeros promovido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca «silenciar a voces críticas».
«En regímenes autoritarios como Rusia y Nicaragua este tipo de legislación es usual y ha sido usada para sofocar a la prensa y sociedad civil», publicó Vivanco en Twitter.
En un análisis de la iniciativa publicado por HWR, Vivanco añadió que «de aprobarse este proyecto, el gobierno de Bukele tendrá un pretexto legal para intimidar o directamente impedir el trabajo de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil».
«Desde que Bukele y su coalición eliminaron prácticamente los frenos al Poder Ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales y los medios independientes son una de las pocas voces en El Salvador que están en condiciones de presionar al gobierno para que rinda cuentas», manifestó Vivanco.
Para la WHR, este proyecto «es la última de una serie de medidas del gobierno de Bukele orientadas a intimidar y hostigar a organizaciones de la sociedad civil».
También advirtió que la iniciativa tiene «disposiciones similares» una ley de agentes extranjeros aprobada en Nicaragua.
«En Nicaragua, la legislación estableció requisitos excesivos para las organizaciones no gubernamentales que deben registrarse ante el Ministerio de Gobernación, y obligó así a algunas a suspender sus actividades en el país», indicó HWR.
Agregó que se ha documentado que en países como Rusia y Nicaragua se usaron leyes similares para «silenciar a la sociedad civil».
La propuesta fue enviada por Bukele pocos días después de que señaló a Estados Unidos de financiar a organizaciones sociales que a su juicio son la «oposición política».
El presidente salvadoreño acompañó su mensaje en Twitter de una publicación de un medio local en la que se informa de que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) destinará 300 millones de dólares a organizaciones en El Salvador, Guatemala y Honduras.
La organización no gubernamental Cristosal señaló el jueves esta ley golpearía a las víctimas de la violencia en el país al volver «inviable» el trabajo de las ONG defensoras de derechos humanos.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este viernes de los efectos negativos para las libertades de expresión y de prensa que tendría la aprobación de esta legislación en El Salvador.