En la reunión, los países participantes abordarán las disposiciones financieras para el funcionamiento del tratado y las estrategias para una efectiva implementación, explicó la Cepal en un comunicado.
Por EFE
Latinoamérica se prepara para acoger la primera cumbre de países del Acuerdo de Escazú, el único tratado ambiental de la región, pionero en el mundo en la protección de los activistas medioambientales.
Decenas de autoridades y representantes oficiales de los países que suscribieron el pacto -y de otros que están en proceso de hacerlo- se reunirán en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago de Chile, desde este miércoles hasta el próximo viernes, con el cometido de revisar el estado de implementación del acuerdo.
Será el mandatario chileno, Gabriel Boric, quien encabezará la inauguración de esta primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo de Escazú, que se aprobó en 2018 tras seis años de negociación.
La primera cumbre también contará con las intervenciones de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr (vía virtual); la secretaria de Cambio Climático de Argentina, Cecilia Nicolini, y el secretario ejecutivo interino de la Cepal, Mario Cimoli, entre otras autoridades.
El viernes se efectuará un evento de alto nivel sobre la celebración del primer aniversario de la entrada en vigor del acuerdo y del Día Internacional de la Madre Tierra, que se conmemoran en ese mismo día.
Pese a que originalmente fue firmado por 24 países, solo 12 han ratificado el pacto, cuyo nombre original es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe».
Además de proteger a los ecologistas, la alianza busca garantizar la mejor aplicación de políticas ecológicas, garantizar los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.
Lo han suscrito Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Otros 11 estados de la región tienen pendiente su ratificación, incluyendo Perú, Colombia y Chile, cuya adhesión fue anunciada por Boric el pasado marzo, pero está pendiente de revisarse en el Parlamento.
La firma de Chile fue planteada inicialmente por el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) pero fue desechada durante su segundo término en el Palacio de la Moneda (2018-2012) por presiones de la industria y la minería.