La reforma al empleo público es también uno de los principales proyectos que el Gobierno se comprometió a aprobar para acceder a un acuerdo financiero con el FMI.
Por EFE
Un plan de reforma al empleo púbico que se discute en el Congreso, representa el proyecto estrella del Gobierno de Carlos Alvarado para bajar el gasto público y conseguir un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero a la vez ha despertado fuertes divisiones políticas y el rechazo del sector sindical.
El objetivo de esta iniciativa, según el Gobierno, es modernizar y organizar los salarios del sector público estableciendo un salario de acuerdo con categorías de puestos y reducciones de pluses, lo que permitiría un ahorro del 0,66 % del PIB en 2022, del 0,95 % en 2023, del 1,23% en 2024 y del 1,52 % en 2025.
Las autoridades explicaron que el nuevo texto para el proyecto empleo público busca asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos, con la aplicación de un esquema de salarios compuestos basados en las funciones y las competencias a otro que elimine distorsiones y desigualdades salariales existentes en la actualidad.
Esta es la principal iniciativa del Gobierno para reducir el gasto y cumplir con la meta de obtener un superávit primario en el 2023.
La reforma al empleo público es también uno de los principales proyectos que el Gobierno se comprometió a aprobar para acceder a un acuerdo financiero con el FMI por 1.750 millones de dólares que pretende ser una herramienta para estabilizar las finanzas públicas.
Grupos sindicales, trabajadores municipales y de las universidades públicas, han expresado su rechazo a este proyecto, pues consideran que será un golpe para las clases medias y bajas.
Según la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), el mayor sindicato del país, la evasión fiscal es de alrededor del 8 % del PIB y afirma que ese es el mal que el Gobierno debe concentrarse en atacar para solucionar del déficit.
El secretario general de la ANEP, Albino Vargas, dijo a Efe que el acuerdo con el FMI recarga la responsabilidad de la deuda pública y el déficit fiscal sobre las clases medias y bajas, y manifestó su rechazo a un proyecto de ley de Empleo Público.
El sindicalista afirmó que la población debe conocer el «obsceno pago de intereses» que existe en el país, así como los acreedores de la deuda, especialmente de la interna.
«Costa Rica está debiendo alrededor de 50.000 millones de dólares, gran parte de la cual es interna. Lo que más nos indigna y preocupa es que este gobierno y los anteriores prefieren cerrar programas sociales, debilitar la educación y la seguridad, por darle prioridad al pago de intereses de esa deuda», dijo.
Vargas aseguró que en Costa Rica se ha «criminalizado al sector público» y que las soluciones fiscales del Gobierno «han debilitado a las micro, pequeñas y medianas empresas, ha fomentado el desempleo».
En el Congreso una comisión está analizando la iniciativa y existen discrepancias en diversos aspectos, mientras que el sector empresarial apoya las iniciativas de reducción de gastos, pero se opone a nuevos impuestos.
El pasado 22 de enero el Gobierno de Costa Rica y el FMI alcanzaron un acuerdo a nivel técnico para un financiamiento por 1.750 millones de dólares, ante lo que el país centroamericano se comprometió a llevar adelante una serie de reformas legislativas y acciones que conduzcan a eliminar el déficit primario en el año 2023 y bajar la deuda al 50 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2035.
En 2020 el déficit cerró en el 8,1 % del PIB y el déficit primario (que excluye el pago de intereses) en el 3,4 % del PIB, mientras que la deuda se ubicó en el 67,5 % del PIB.
Entre los proyectos que impulsará el Gobierno se encuentra uno para aumentar el impuesto a las casas «de lujo», que son las que valen más de 250.000 dólares; la implementación de la renta global y un aporte de las empresas públicas del 30 % de sus utilidades.
En el 2020 hubo tres semanas de protestas sociales que tuvieron episodios violentos, en rechazo a una propuesta inicial del Gobierno al FMI que estaba muy cargada hacia nuevos impuestos y que no contaba con el apoyo necesario en el Congreso.
El presidente Alvarado desistió de esa propuesta en septiembre pasado y en enero presentó una nueva, que tiene mejor ambiente político pero que sigue siendo rechazada por sectores sociales y sindicales, que en los últimos días han protagonizado protestas, aunque en pequeños grupos.