A partir del llamado 9F «se ha hecho un desmantelamiento de las instituciones por la vía ilegal e ilegitima.
Por EFE
El Salvador cumple este miércoles dos años desde que el presidente Nayib Bukele ingresó con soldados armados con fusiles de asalto a la Asamblea Legislativa, una acción que fue catalogada como «intento de golpe de Estado» y que, a criterio de expertos consultados por Efe, ha traído «graves efectos» para el país.
El presidente Bukele entró el 9 de febrero de 2020 en el recinto legislativo custodiado por policías y soldados para, según reconoció después, presionar a los parlamentarios de ese momento para la aprobación de un millonario préstamo para el plan gubernamental de seguridad.
Dicho préstamo fue aprobado finalmente el 12 de mayo de 2021 por la nueva legislatura, dominada por el oficialismo, la cual también destituyó, en su primera sesión plenaria el 1 de mayo de ese año, a magistrados constitucionalistas y al fiscal general.
De acuerdo con dos expertos consultados por Efe, dicha acción del presidente Bukele ha dejado «graves efectos» que «mantienen a El Salvador con una imagen negativa a nivel internacional» en lo político y que trascienden a lo económico.
PRIMERA ALERTA DE «AUTORITARISMO»
A juicio de Jeannette Aguilar, experta en temas de seguridad ciudadana y opinión pública, «el evento lamentable del 9F (9 de febrero) fue básicamente la primera alerta de un proceso de regresión autoritaria en el que Bukele y su grupo iba a subsumir el país en los próximos años».
Señaló que después este evento «se consuma con el golpe de Estado al órgano Judicial el 1 de mayo», con la destitución de los magistrados del Supremo y «a partir del cual ha habido un acelerado proceso de deterioro democrático en el país».
«En todo este contexto, básicamente el 9F es el preludió de esa ruptura del orden constitucional que se produce el 1 de mayo y en el que se ha venido desmontando los débiles, digamos, pilares de la institucionalidad democrática que El Salvador intentó construir desde el fin de la guerra», apuntó.
Aseguró que a partir del llamado 9F «se ha hecho un desmantelamiento de las instituciones por la vía ilegal e ilegitima pero también por la vía de amenazas, el sometiendo, el control».
Indicó que estos son los «graves efectos» que a partir de dicha acción «seguirán creciendo si no respecta la Constitución y la institucionalidad».
INCREMENTO DEL PERFIL DE RIESGO
El economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló a Efe que el «efecto más grave» tras el 9 de febrero fue «el incremento extraordinario del perfil de riesgo» del país.
Comentó que «cuando llega el presidente Bukele a la Presidencia se generaron muy buenas expectativas, se colocaba a El Salvador como un país muy atractivo para invertir y adicionalmente el perfil de riesgo se notaba que iba a la baja».
No obstante, apuntó que «a partir del 9 de febrero se da un punto de inflexión porque se encienden las alarmas, especialmente a nivel internacional, sobre lo que realmente iba ser la forma de gobernar del presidente».
«Básicamente lo que ha habido en el país desde esa fecha es un incremento extraordinario del perfil de riesgo», subrayó.
Explicó que, antes de la referida fecha, el perfil de riesgo de El Salvador estaba en 3,87 puntos en el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI).
«Eso significaba que si en esos momentos el país salía a emitir bonos a los mercados internacionales la tasa de interés que hubiera pagado hubiera sido de un 6 % o 7 %, buenas condiciones», explicó el economista.
En la actualidad, detalló Castaneda, el EMBI está en 15,43 puntos, lo que significa que «si El Salvador saliera a emitir bonos, en el caso que alguien (inversionistas) le quiera prestar, la tasa de interés sería arriba de 18 % o 19 %».
«El 9 de febrero se encienden unas luces que conforme han ido pasando los día se ha ido confirmando que son luces rojas. Luces rojas que traen graves implicaciones al país», agregó.