El informe de esa comisión, que investigó 159 casos y se realizó con entrevistas a 291 víctimas y testigos.
Por EFE
Human Rights Watch (HRW) quiere que el Consejo de Seguridad de la ONU aborde los abusos cometidos en Nicaragua por el Gobierno de Daniel Ortega y ve vital que el Consejo de Derechos Humanos de la organización renueve el mandato de los expertos que investigan esas violaciones.
Así lo señalaron este jueves en una conferencia de prensa la directora ejecutiva en funciones de la ONG, Tirana Hassan, y su director para Naciones Unidas, Louis Charbonneau.
Hassan opinó que la situación en Nicaragua está «degenerando significativamente» y destacó la reciente decisión del Gobierno de liberar a presos políticos pero despojando a muchos de ellos de la ciudadanía.
La jefa de HRW alabó el trabajo del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU para el país centroamericano, que la semana pasada presentó en Ginebra un informe en el que denuncia crímenes de lesa humanidad por parte del Gobierno «como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática» contra sectores de la población del país por motivos políticos.
Según Hassan, la labor de ese grupo creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha permitido situar la cuestión de Nicaragua en la agenda internacional y documentar los abusos, por lo que es «clave» que su mandato sea renovado.
HRW confía, dijo, en que esos expertos puedan seguir poniendo pruebas sobre la mesa para que los países impongan sanciones contra los responsables de esos crímenes y haya una rendición de cuentas.
Charbonneau, mientras, aseguró que la organización no gubernamental con sede en Nueva York ha estado en contacto con Estados miembros del Consejo de Seguridad para buscar que aborden el caso nicaragüense, ya sea de forma oficial o, como mínimo, en alguna reunión informal.
Según explicó, una de las opciones sería invitar a miembros de ese Grupo de Expertos para que presenten en Nueva York las conclusiones de sus pesquisas.
El informe de esa comisión, que investigó 159 casos y se realizó con entrevistas a 291 víctimas y testigos, documenta violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas que incluyeron violencia sexual, o privación arbitraria de la nacionalidad, entre otros abusos.