En la última década, Honduras ha sufrido «pérdidas millonarias y reveses importantes» en la lucha contra la corrupción e impunidad.
Por EFE
Los fenómenos naturales y las instituciones corruptas asestaron «serios golpes» a Honduras, país que bajo de 26 a 24 puntos sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción 2020, su puntuación más baja en ocho años, según un informe presentado este jueves en Tegucigalpa.
«Está claro que las fuerzas de la naturaleza y las instituciones corruptas asestaron serios golpes a Honduras. Las consecuencias para la transparencia se reflejaron en la puntuación de 24 en el índice de percepción de la corrupción 2020, un mínimo histórico desde 2012», indicó la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), capítulo local de Transparencia Internacional (TI).
Destaca que la llegada de la pandemia de la covid-19 fue la primera fuerza externa en «marginar la salud pública y económica» de los hondureños.
«Las crisis económicas y de salud que se cruzan también intensificaron la pobreza al interrumpir el empleo, la atención médica y la educación», enfatiza.
Sumado a la pandemia, Honduras sufrió en 2020 «sus peores» desastres naturales del siglo, las tormentas tropicales Eta e Iota, que azotaron al país en noviembre dejando 94 muertos, 4 millones de personas afectadas y destrucción a todo tipo de infraestructura y cultivos agrícolas, añade.
«En lugar de fortalecer la capacidad de Honduras para recuperarse de estos desastres, las élites políticas y económicas rechazaron el Estado de derecho, amenazando aún más la capacidad de los hondureños para prosperar», indica la investigación.
CORRUPCIÓN SOCAVARÁ LA RECUPERACIÓN
Asegura que la «debilidad de las instituciones ha contribuido a la falta de preparación para afrontar los desastres a lo que se suma la falta de planificación alarmante en la compra de suministros relacionados con la covid-19, precios excesivos en el material sanitario y acuerdos opacos en la compra de los siete hospitales móviles, de los cuales apenas uno se encuentra en operaciones».
En la última década, Honduras ha sufrido «pérdidas millonarias y reveses importantes» en la lucha contra la corrupción e impunidad, y para hacer frente a la recuperación es «esencial» que la lucha contra la corruptela «no se quede atrás», agrega.
Destaca la importancia de «fortalecer los procesos de auditoría interna de las instituciones públicas, con independencia y capacidad, así como garantizar el cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado, la certificación de compradores públicos y la investigación de actos de corrupción».
Honduras aún carece de una estrategia frente a la covid-19 y esa falta de claridad «pone en peligro a los ciudadanos y la recuperación de aproximadamente 1.000 millones de dólares en pérdidas económicas de la pandemia», añade.
«La corrupción socavará inevitablemente la recuperación al desviar recursos muy necesarios de quienes los necesitan a los bolsillos de los corruptos» subraya el documento de TI, que señala además que es fundamental que los líderes «con mentalidad de transparencia garanticen que estos fondos lleguen a las comunidades más necesitadas».
El director ejecutivo de la ASJ, capítulo hondureño de TI, Carlos Hernández, dijo que es «urgente» que los funcionarios hondureños cumplan con la Ley de Contratación del Estado, para «poder hacer procesos de compras y contrataciones transparentes, eficientes, que contribuyan a reducir la corrupción».
«La no impunidad es otro elemento, al corrupto hay que sancionarlo y es importante que de manera diligente el Ministerio Público realice sus investigaciones y se puedan sancionar en el marco de lo que establece la ley», subrayó.
Enfatizó que «no menos importante es la movilización ciudadana. El silencio nos hace cómplices, cualquier acto de corrupción tenemos que denunciarlo, hay que organizarnos, hay que movilizarnos. No podemos seguir tolerando la corrupción, porque la corrupción mata”.
ESFUERZOS ANTICORRUPCIÓN SOMBRÍOS
«El estado de los esfuerzos anticorrupción es igualmente sombrío» en el país centroamericano, que experimentó «importantes reveses» en la lucha contra la impunidad con la finalización de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA), añade el informe.
Desde su «prematura» desaparición, los tribunales hondureños han «socavado aún más la autoridad de la Fiscalía General para investigar la corrupción y han desestimado los cargos en varios casos de la MACCIH».
Los parlamentarios hondureños, algunos bajo investigación por corrupción, también adoptaron un nuevo código penal que redujo las sentencias por este flagelo y tráfico de drogas en Honduras, donde «persisten las acusaciones de tráfico de drogas contra líderes públicos, incluido el actual presidente, (Juan Orlando Hernández), esta codificación de la impunidad es muy preocupante», señala el informe.