La decisión de quién será la persona que dirija el Estado guatemalteco durante los próximos cuatro años está en manos de los 9,3 millones de ciudadanos.
Por EFE
Guatemala celebrará este domingo el proceso electoral más controvertido desde el inicio de la era democrática en 1986, con el balotaje por la presidencia entre la ex primera dama Sandra Torres Casanova y el académico Bernardo Arévalo de León.
El país centroamericano vive un momento de alta tensión política y social por los comicios del 20 de agosto, que definirán al presidente guatemalteco para el período 2024-2028, en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.
La situación, sin antecedentes en la era democrática, se detonó con el sorpresivo segundo lugar de Arévalo de León y su partido político, Movimiento Semilla, en la primera vuelta de los comicios, celebrada el pasado 25 de junio, cuando las encuestas lo situaban en el octavo puesto.
Desde que Arévalo de León avanzó hacia el balotaje, el ministerio público, conducido por fiscales sancionados por Estados Unidos, ha intentado eliminar su candidatura, que si triunfa dará pie al primer Gobierno progresista de Guatemala.
«Esta no es una segunda vuelta normal», explica a EFE la politóloga y analista Marielos Chang, experta en la coyuntura local.
«Tuvimos un embate judicial que nos dejó con dudas, por momentos, de si habría balotaje, y estamos viendo entonces una elección caracterizada por ataques contra el Movimiento Semilla», añade Chang.
La situación llegó a tal grado de alarma, por el allanamiento de la Fiscalía al Tribunal Supremo Electoral y a la sede del Movimiento Semilla, que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, realizó una visita de inspección a comienzos de agosto para comprobar en terremo qué estaba sucediendo y después presentar una informa a la asamblea del organismo.
EN BUSCA DE LA PRESIDENCIA
Sandra Torres, que estuvo casada y después se divorció del hoy fallecido expresidente Álvaro Colom, ha llegado en dos ocasiones al balotaje, en 2015 y 2019, pero en ambas perdió por un amplio margen.
Sobre Torres Casanova, Chang detalla que «tuvo una transformación de la noche a la mañana» al modificar su «orientación» política y así «priorizar los valores tradicionales» y habitualmente conservadores de la «familia» guatemalteca.
«Usó estos elementos para ganarse el voto tradicional», señala la especialista en comunicación política, quien advierte de que si triunfa Torres, «sería darle continuidad a la Administración de Alejandro Giammattei», el actual mandatario, cuya administración ha sido criticada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) por criminalizar a jueces, periodistas y candidatos electorales.
La misma opinión tiene el analista político Renzo Rosal, quien considera que la exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) es la «continuidad del sistema vigente» en la nación centroamericana.
«Ella tomó esta estafeta, y ahora con mayor fuerza por tener enfrente al Movimiento Semilla», explica el politólogo en referencia a Torres Casanova, quien fue acusada en 2019 de financiar ilegalmente su campaña electoral.
Sobre Bernardo Arévalo, Chang recuerda que «en el inicio de la campaña no destacaba», pero «ahora ha logrado posicionarse como un líder capaz de conciliar entre diferentes sectores».
La última encuesta realizada por la firma CidGallup, sobre la segunda vuelta electoral, coloca a Arévalo de León por encima de Torres Casanova con un margen de entre el 60 y el 70 por ciento del total de votos.
Sin embargo, muchos sectores temen que una victoria del aspirante presidencial de Semilla no garantice que sea investido el 14 de enero próximo, ante los ataques de sus adversarios.
«El ministerio público ha jugado un papel beligerante, fuera de su competencia. Y también han tenido un papel negativo las Cortes, el Organismo Ejecutivo, la Presidencia y algunas facciones del Congreso», señala Rosal.
La decisión de quién será la persona que dirija el Estado guatemalteco durante los próximos cuatro años está en manos de los 9,3 millones de ciudadanos (en un país de 17,1 millones de personas) con derecho a emitir su voto el próximo domingo.