Entre 2018 y 2023, al menos 30 operadores de justicia, periodistas y activistas han tenido que salir del país a causa de persecución política en su contra.
Por EFE
La credibilidad de los resultados de los comicios de Guatemala, que se celebrarán el próximo 25 de junio, generan serias dudas por las irregularidades que han marcado el proceso, advierte el politólogo argentino Daniel Zovatto, director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).
Las elecciones “se han ensombrecido por prohibiciones de candidaturas, ataques entre los candidatos, denuncias de diverso tipo incluida la compra de votos, el creciente descontento y la apatía ciudadana”, advirtió Zovatto en declaraciones a EFE.
En 10 días, unos 9,3 millones de guatemaltecos deberán elegir a su nuevo presidente para el periodo 2024-2028.
El politólogo, quien ha monitoreado los procesos electorales de Guatemala desde 1985, advierte que ha existido un “manipuleo procesal” producto de la cooptación de cortes y tribunales provocando la exclusión de candidatos con “resoluciones judiciales hechas a la carta, ordenadas por grupos fácticos que buscan agenciarse del poder político alterando las reglas” .
Entre enero y mayo, El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala y las cortes del país dejaron fuera de la contienda a la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera, quien poseía fuertes posibilidades de acceder a una segunda vuelta presidencial, según expertos.
Además, el candidato de derecha Roberto Arzú García-Granados, hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), fue excluido por un caso de campaña anticipada, que según expertos pudo ser resuelto con sanciones menos severas.
Por último, una sala de apelaciones dejó fuera de la carrera presidencial al empresario Carlos Pineda, quien encabezaba las encuestas realizadas por dos firmas diferentes a 40 días de los comicios.
«La exclusión de estos candidatos se llevó a cabo mediante fallos judiciales que han sido cuestionados por su arbitrariedad, carácter selectivo y falta de fundamentación sólida», opina Zovatto.
A criterio del experto, aunque la judicialización de las elecciones es un fenómeno que en Guatemala también se vivió en 2015 y 2019, en esta ocasión «se ha evidenciado un crecimiento de las acciones de amparo para impugnar o permitir candidaturas».
De acuerdo con el TSE, hasta la semana pasada se presentaron 107 recursos legales para impugnar candidaturas durante el proceso electoral que inició su primera fase el 20 de enero último.
LA DEGRADACIÓN DE LA DEMOCRACIA
Desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2019, el país ha sufrido un «acelerado proceso de erosión democrática» y destaca como uno de los elementos que han marcado el actual proceso electoral, a criterio de Zovatto.
A consecuencia del deterioro democrático «existe un uso perverso y sistemático del aparato judicial, no para luchar contra la corrupción, sino para perseguir de manera ilegal a quienes precisamente lucharon contra impunidad. Es el mundo al revés», agrega el politólogo.
Entre 2018 y 2023, al menos 30 operadores de justicia, periodistas y activistas han tenido que salir del país a causa de persecución política en su contra.
Además, este miércoles un tribunal de Guatemala sentenció al periodista, crítico del Gobierno, José Rubén Zamora Marroquín, ha 6 años de cárcel en un proceso penal que es calificado por Zovatto como una «farsa plagada de irregularidades».
Bajo este contexto, en 10 días los guatemaltecos tendrán que elegir a su nuevo presidente, vicepresidente, 160 diputados, 340 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).