La crisis que vive Nicaragua dejó al menos 355 muertos en 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al menos 200.000 exiliados.
Por EFE
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) rechazó este miércoles un posible diálogo entre los empresarios de Nicaragua y el presidente del país, Daniel Ortega, para superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
El rechazo fue hecho público luego de que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), César Zamora, dijera al Canal 12 de la televisión local que «ya hay establecido canales de comunicación entre las cámaras y el Gobierno», y que tendría como facilitador al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
«La UNAB rechaza categóricamente las declaraciones de César Zamora, en las que ha anunciado un presunto diálogo de las cámaras agremiadas en el Cosep con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que tiene como ‘facilitador’ al BCIE», señaló el movimiento opositor en una declaración.
La Unidad Nacional basó su rechazo en que Zamora, «quien ocupa el cargo de presidente del Cosep, ante el encarcelamiento del presidente anterior (Michael Healy), ha sido y es un férreo defensor del modelo corporativista ‘dictadura-empresarios’, que sacrifica la democracia y el respeto a los derechos humanos».
Los integrantes de la UNAB, compuesta en su mayoría por los denominados manifestantes «autoconvocados» de 2018, señalan al «modelo de asociación público-privada», establecido entre el Cosep y Ortega en la década pasada, como responsable del descontento que desencadenó la crisis de Nicaragua hace cuatro años, y que dejó cientos de muertos y decenas de miles en el exilio.
La agrupación disidente también recordó que «hemos sido críticos permanentes del papel que desempeña Dante Mossi, presidente del BCIE, como aliado de la dictadura y facilitador de los flujos financieros que esa institución otorga al régimen de los Ortega Murillo».
Hasta ahora ninguna de las cámaras asociadas al Cosep ha respaldado las declaraciones de Zamora.
NO DARLE «LEGITIMIDAD AL RÉGIMEN»
El Cosep sí ha mostrado su apoyo a un grupo de familiares de «presos políticos» que ha solicitado, en dos ocasiones este año, un nuevo «diálogo nacional» con Ortega, cuyo «gobierno ya ha dado muestras de buena voluntad» al enviar a varios convictos a casa por cárcel, lo que ha causado polémica entre diversos movimientos opositores y de víctima de la crisis.
«Denunciamos y condenamos cualquier maniobra que solo pretende otorgarle una supuesta ‘legitimidad’ al régimen. Demandamos y seguiremos demandando la libertad total e incondicional de todos los presos políticos y la restitución de las libertades públicas en Nicaragua, condiciones indispensables para transitar a la democracia», sostuvo la Unidad.
«Reivindicamos y defendemos el derecho de los empresarios a invertir y procurar ganancias. Sin embargo, lo que es inaceptable y condenable desde todo punto de vista, es que pretendan hacerlo a cualquier costo, ignorando los crímenes de la dictadura y las flagrantes violaciones de los derechos humanos que sufren miles de nicaragüenses, entre ellos incluso dirigentes gremiales y empresarios grandes, pequeños y medianos», agregó.
La crisis que vive Nicaragua dejó al menos 355 muertos en 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al menos 200.000 exiliados, principalmente en Costa Rica, de acuerdo con cifras oficiales de ese país.
Dicha crisis se acentuó con las elecciones de noviembre de 2021, que confirmaron en el poder a Ortega y Murillo con sus rivales en la cárcel o en el exilio, proceso que fue rechazado por la comunidad internacional, incluyendo la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.