El Gobierno de Nayib Bukele atribuye al Plan Control Territorial (PCT) la acentuación de la caída en la cifra desde su implementación, en junio de 2019.
Por Revista Summa
Las autoridades de El Salvador realizaron capturas masivas de supuestos pandilleros en respuesta a la escalada de homicidios que se ha cobrado la vida de 87 personas el fin de semana y que llevó al Congreso a decretar un estado de excepción a solicitud del presidente Nayib Bukele.
A pesar de la medida extraordinaria y de las detenciones masivas, las pandillas desafiaron al Ejecutivo de Bukele al perpetrar el domingo, día en que comenzó el régimen de excepción, 11 homicidios más.
El viernes fueron asesinadas 14 personas y el sábado fueron 62, con lo que se convirtió en el día más mortífero de la historia reciente de El Salvador.
Las detenciones de supuestos líderes, principalmente de la Mara Salvatrucha (MS13), comenzaron el sábado, pero los operativos se intensificaron el domingo y este lunes han continuado sin que hasta este momento se haya informado del número total de detenidos.
Hasta la noche del domingo, los elementos de la Policía y del Ejército capturaron al menos a 576 personas en diferentes zonas del país, sobre todo en colonias populosas.
La Policía ha informado en sus redes sociales de que se «están ejecutando acciones como controles vehiculares, registros de viviendas y (de) sujetos sospechosos».
Las autoridades atribuyen a las pandillas la ola de violencia, principalmente a la MS13, pero aún no han explicado la razón del alza.
NORMALIDAD EN MEDIO DE LA ESCALADA
La Fiscalía General de la República señaló este lunes en un comunicado que el estado de excepción, aprobado por un periodo de 30 días, «no afecta la libre circulación, ni tampoco la libertad de expresión», indicó que «las personas podrán movilizarse sin ninguna restricción».
«Para la inmensa mayoría de salvadoreños, estas medidas no afectarán su día a día», apuntó.
Subrayó que «los servicios religiosos, los eventos deportivos, el comercio y los estudios seguirán funcionando con normalidad».
Diferentes medios locales destacaron hoy que estudiantes, trabajadores públicos y privados salieron a cumplir con sus obligaciones en el segundo día de estado de excepción.
«En el primer día de la última semana del de marzo, y segundo día de estado de excepción, los salvadoreños madrugaron, como siempre, y algunas paradas de autobuses lucían abarrotadas», publicó la Prensa Gráfica en una nota.
OPOSICIÓN SEÑALA QUE PLAN GUBERNAMENTAL «NO EXISTE»
El exvicepresidente del país y ahora secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, señaló este lunes a periodistas que el plan del Gobierno para quitar el control a los pandillas en los territorios «no existe» y que solo es «una estrategia masiva de carácter propagandístico».
«Lo que básicamente se ha hecho es generar todo una estrategia masiva de comunicación para tratar de dar la impresión que la situación de la violencia estaba controlada», indicó el político.
Añadió que la afirmación gubernamental de que «la situación de la violencia estaba controlada a través del Plan Territorial, no existe».
El Gobierno de Nayib Bukele atribuye al Plan Control Territorial (PCT) la acentuación de la caída en la cifra desde su implementación, en junio de 2019.
El Salvador registró en 2015 al año más violento de su historia reciente con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, tasa que se ha venido reduciendo desde entonces.
Según la Presidencia, en los primeros dos años de Gobierno de Bukele, contados desde junio de 2019 a junio 2021, se registraron 2.985 homicidios, mientras que en los primeros dos años de las administraciones de Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) se computaron 8.316 y 11.825 asesinatos, respectivamente.
A juicio de Ortiz, el alza de los homicidios en los últimos días «lo que nos demuestra es que la estructura criminal en El Salvador sigue siendo fuerte y con la capacidad de cambiar los indicadores en tema de violencia cuando ellos así lo quieran».
SEÑALAN IRREGULARIDADES
La organización humanitaria Cristosal advirtió este lunes que la aprobación del régimen de excepción no cumplió con lo estipulado por la Constitución, «dado que el aumento de la criminalidad por sí solo no es justificación para la suspensión de derechos constitucionales».
Agregó que el Congreso «no hizo el análisis de proporcionalidad que justificara el uso del régimen de excepción» al aprobarse sin discusión.
Indicó que también es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, «que impide la suspensión» de las garantías judiciales.
Esta no es la primera vez que un Gobierno salvadoreño busca combatir a las pandillas con detenciones masivas, en el pasado lo hicieron los expresidente Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009) con sus planes Mano Dura y Súper Mano Dura.
Los salvadoreños tiene suspendidos, hasta el 27 de abril, los derechos de asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones y el derecho a la defensa en caso de detención.