El proyecto de ley deberá ser discutido en el Congreso, en donde el partido de Chaves es minoría.
Por EFE
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó este miércoles un proyecto de ley que pretende vender el estatal Banco de Costa Rica (BCR) y obtener, según dijo, entre un 2,7 % y 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) para pagar deuda.
«El objetivo es poder hacer inversiones y economizar en el gasto en intereses brutal que tiene este país por concepto de deuda pública. Esto es muy importante para que el Estado reduzca su deuda y pueda hacer las cosas que debe hacer», dijo el presidente en su conferencia de prensa semanal.
Chaves dijo que el proyecto «no es para cerrar el banco» sino para «continuar sus operaciones en otras manos» y que su venta se llevará a cabo mediante un proceso «transparente con un asesor financiero reconocido internacionalmente».
El proyecto de ley deberá ser discutido en el Congreso, en donde el partido de Chaves es minoría.
Según Chaves, la venta del BCR generaría entre un 2,7% y un 3 % del PIB que se destinarían al pago de la deuda, que en la actualidad es de alrededor del 70 % del PIB.
El Gobierno también ha anunciado que trabaja en un proyecto para vender el 49 % del estatal Instituto Nacional de Seguros.
Chaves dijo que estas acciones «no son curitas (parches)», ya que, afirmó, con estas dos ventas la deuda pública bajará al 60 % del PIB en 2028 y abriría espacio fiscal para que el Gobierno haga inversiones.
«Valorando el bienestar común de la mayoría y la situación crítica fiscal, tomamos la decisión de someter esto a la Asamblea Legislativa porque creemos que para el pueblo esta es la mejor política pública con respecto al manejo de estos activos», expresó Chaves.
La venta del BCR y del 49 % del INS había sido anunciada por Chaves a mediados de agosto durante un discurso por sus primeros 100 días en el poder.
Este anunció causó el rechazo de sindicatos, que consideran la medida como «populista» y exigieron al Gobierno medidas para combatir la evasión fiscal en lugar de vender los activos del Estado.