Más de 4,4 millones de nicaragüenses están citados para ir a las urnas el primer domingo de noviembre.
Por EFE
Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua son «un plan doloso para acabar con la democracia», según un estudio divulgado este miércoles, elaborado por tres instituciones.
Los autores de este trabajo son el observatorio nicaragüense Urnas Abiertas, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela.
El informe, titulado «Un plan doloso para acabar con la democracia», basó su conclusión en las acciones ejecutadas en el contexto electoral por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, quien busca su tercera reelección para un cuarto periodo consecutivo de cinco años y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
«Los resultados recopilados permiten concluir que los fundamentos legitimadores de un proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática», señalaron las organizaciones en su informe.
ACCIONES QUE RESTAN «LEGITIMIDAD» AL PROCESO
El estudio identificó como violaciones al proceso electoral la «manipulación excluyente del padrón, persecución judicial de opositores, exclusión de candidaturas, uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas, y la falta de garantía de los derechos y libertades por parte del poder ejecutivo y la autoridad electoral».
El estudio resaltó que «la autoridad electoral actúa fuera de los estándares democráticos de imparcialidad y transparencia», debido a la supremacía sandinista en el Consejo Supremo Electoral.
La cancelación de tres partidos de oposición y el arresto de siete aspirantes a la Presidencia, según la investigación, demuestra el uso de «métodos ilegales y engañosos para eliminar toda competencia electoral».
El estudio advirtió que «no se tiene acceso a formas de monitorear el financiamiento de los partidos políticos, convirtiéndose este factor en otra fuente opaca de financiación para el oficialista FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) y de prebendas para los partidos colaboracionistas que participan en las elecciones».
También destacó violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, como los «de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y movilización, irrespetando los principios de no discriminación y no intimidación».
LLAMADO A LAS DEMOCRACIAS
En ese contexto, los organismos recomendaron «que los gobiernos democráticos, los organismos internacionales y demás actores internacionales pertinentes hagan uso de sus buenos oficios para evidenciar la falta de legitimidad de origen de los poderes Ejecutivo y Legislativo nicaragüenses”, de lo contrario «desconocer los resultados» de la elecciones.
Exhortaron a convencer a Ortega de «la suspensión o reprogramación de las elecciones», para que estas se celebren bajo principios aceptados internacionalmente, incluyendo la observación, así como «el cese de la represión, libertad plena para los presos políticos y la garantía de justicia y reparación», entre otros.
Ortega ha insistido en que el proceso electoral es un tema de «soberanía nacional», y sostiene que la comunidad internacional debe mantenerse al margen de los “asuntos internos” de Nicaragua.
Más de 4,4 millones de nicaragüenses están citados para ir a las urnas el primer domingo de noviembre.
La oposición de Nicaragua ha insistido en que dichas elecciones son un «fraude», y diversas organizaciones de la sociedad civil han anunciado un «paro electoral», que consiste en no salir de casa el día de los comicios.