La región de América Latina y el Caribe debe contener el costo del COVID-19 mientras espera por una vacuna.
Por Revista Summa
América Latina y el Caribe es la región más castigada por la pandemia de la COVID-19, lo que pone de relieve la necesidad de proteger a la población mientras se recupera el rumbo de crecimiento. Para esto se necesitará una combinación de medidas de salud pública y gestión económica, de acuerdo con un nuevo informe del Banco Mundial.
Las economías de la región se ven afectadas por una caída en la demanda externa, una mayor incertidumbre económica, un colapso del turismo y las consecuencias de meses de confinamiento con el fin de contener la propagación de la enfermedad. Con una pandemia que se prevé continúe por un tiempo prolongado, los sistemas de salud deberían contemplar reformas tendientes a mejorar la efectividad y reducir los costos que deben asumir gobiernos e individuos, de acuerdo con El costo de mantenerse sano. Asimismo, los gobiernos deberán hallar la manera de retomar la consolidación fiscal luego de un período de gasto elevado en estímulos económicos y transferencias sociales de emergencia, indica el informe.
“Nuestra región soporta el peor impacto económico y en salud debido a la COVID-19 de todo el mundo, algo que exige mayor claridad respecto a cómo combatir la pandemia y recuperar el rumbo económico de cara a una rápida recuperación”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe.
Debido a la pandemia, se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) en la región de América Latina y el Caribe (excepto Venezuela) retroceda un 7,9% en 2020. Se espera un crecimiento de 4,0% para 2021.
Esta crisis llega tras años de lento crecimiento económico y escaso progreso en términos de indicadores sociales, e inmediatamente después de una ola de disturbios sociales en muchos países de la región. Además, el impacto de las medidas de confinamiento recayó desproporcionadamente en hogares con trabajos informales. Esto reafirma la necesidad de políticas que apunten a promover la formalización, aunque sin penalizar la tan necesaria creación de empleo. Mientras tanto, la existencia de registros sociales detallados ayudaría a que las transferencias en efectivo llegasen a un número mayor de personas que viven al día.
A pesar de las perspectivas negativas, existen señales de que el impacto podría ser menos grave de lo que inicialmente se temía. El comercio mundial de bienes regresa a niveles anteriores a la crisis y los precios de las materias primas se han mantenido relativamente bien. Luego de una caída inicial abrupta, las remesas en general son mayores que hace un año. Y son pocos los países que no pueden acceder a los mercados financieros internacionales. Las políticas económicas deberían apuntar a aprovechar estas oportunidades.
Fue muy importante que los paquetes de estímulo llevados a cabo por distintos gobiernos fueran en general robustos, a pesar de las restricciones fiscales, y que buena parte de los recursos adicionales fueran a transferencias sociales. El efecto multiplicador de estas transferencias sobre la actividad económica es significativo.
El número de víctimas de la pandemia sigue siendo elevado en muchos países de la región, pero el apoyo a los confinamientos estrictos se desvanece y el espacio fiscal para ayudar a hogares y empresas es cada vez más escaso. En este contexto, se deberían analizar e incorporar las experiencias exitosas de países similares que no hayan sufrido tan desproporcionadamente de la COVID-19. De forma paralela, la cobertura y calidad de los sistemas de salud debe mejorar, mientras que los gastos de bolsillo para la salud deben contenerse.
“Los gobiernos deben proteger a los más vulnerables mientras adecúan las normas sanitarias y de seguridad en todos los sectores y actividades, en especial el de la educación, para que la probabilidad de contagio siga siendo baja mientras la vida continúa”, dijo Martín Rama, economista en jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. “Garantizar un acceso amplio y asequible a la atención médica es fundamental para enfrentar este desafío”.
La pandemia de COVID-19 puso el foco en aquellos sistemas de salud fragmentados que no proporcionan una cobertura de calidad a toda la población. Los gastos de bolsillo en atención médica pueden ser considerables y muchas veces regresivos. Mejorar los servicios de salud debería formar parte de las políticas diseñadas para enfrentar esta crisis.
Los medicamentos representan una parte sustancial de los gastos de bolsillo en atención médica, aunque su costo varía enormemente tanto dentro como entre países. Un sistema público para la adquisición de medicamentos, incluidas las vacunas contra la COVID-19, será clave para el regreso a la normalidad.
El sector farmacéutico puede fortalecer la capacidad científica local y ser un aliado clave en la lucha contra la pandemia. Pero también puede convertirse en una carga onerosa para los presupuestos públicos y las finanzas domésticas. El informe revela que un mejor diseño de las licitaciones podría reducir el gasto público regional en medicamentos entre un 12 y un 15 por ciento. Asimismo, con frecuencia se depende de organismos regulatorios locales que promuevan la competencia y aprueben, promuevan y llegado el caso impongan el uso de genéricos para mantener bajos los costos del sistema de salud.
Por último, si bien los gobiernos acertadamente aumentaron el gasto para enfrentar esta crisis, los niveles de deuda pública en la región subieron de forma significativa. Puede que por el momento las transferencias sociales de emergencia sigan siendo necesarias, pero los países deberán hallar la manera de retomar la senda del equilibrio fiscal. Se deben reorientar los impuestos y el gasto público para apoyar la creación de empleo, la prestación de servicios y el desarrollo de infraestructura para colocar a la región de nuevo en una senda de crecimiento inclusivo y sostenible.
“El Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance a fin de ayudar a esos países a fortalecer su respuesta frente a la pandemia. En tal sentido, respalda intervenciones de salud pública, trabaja para garantizar el suministro de insumos y equipos clave, y ayuda al sector privado a continuar sus operaciones y preservar el empleo. Destinará hasta US$160.000 millones en un plazo de 15 meses como apoyo financiero para ayudar a más de 100 países a proteger a los sectores pobres y vulnerables, apoyar a las empresas e impulsar la recuperación económica. Dicho monto incluye US$50.000 millones correspondientes a nuevos recursos de la Asociación Internacional de Fomento que se ofrecerán mediante donaciones y préstamos en condiciones muy favorables.”
