Las pérdidas económicas están calculadas entre 70 y 90 millones de dólares diarios.
Por EFE.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de Panamá, Rubén Castillo, afirmó este jueves a EFE que el sector solo «quiere trabajar», y que han pedido al Gobierno que utilice los recursos legales para que «se respeten los derechos, los bienes y la vida» en el marco de la crisis nacional derivada del rechazo a un contrato minero.
Desde hace más de dos semanas se registran bloqueos liderados por sindicalistas y grupos indígenas en la vía Panamericana, la principal de Panamá y que lo comunica con Centroamérica, en rechazo a la renovación de una gran mina de cobre, lo que ha generado escasez de alimentos y combustible, además de actos vandálicos y de violencia con saldo de 4 muertos.
Las pérdidas económicas están calculadas entre 70 y 90 millones de dólares diarios.
Los problemas de movilidad han generado un ambiente de semiparalización en la capital de Panamá, un país donde cerca del 50 % de la población trabaja en la informalidad.
Castillo dijo en una entrevista con EFE que «decenas de empresas no se van a poder sostener y algunas ya han cerrado», especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypime), que generan el 70 % de los puestos de trabajo en Panamá.
«Vamos en una dinámica que está afectando socialmente al país. La economía podría entrar en una parálisis sistémica y eso nos preocupa, porque la empresa lo que quiere es trabajar, establecer políticas para generar más empleos y oportunidades», afirmó.
Más acción del Gobierno
Castillo sostuvo este jueves una reunión con el presidente panameño, Laurentino Cortizo, cuyo gobierno está siendo señalado de «inacción» ante una situación que ya tiene visos de anarquía. Ni el gobernante ni el ministro de Seguridad le hablan al país.
«Hemos hecho planteamientos muy puntuales: que las autoridades deben estar presentes, deben utilizar todos los medios que estén consignados en la Ley para que se respeten los derechos, los bienes y la vida de los ciudadanos. Eso es básico».
También que «debe haber una comunicación mucho más fluida sobre lo que está ocurriendo y de cómo podemos salir de esta crisis».
«El presidente tomó nota, explicó lo que ellos están haciendo desde el punto de vista de la seguridad. Le estamos insistiendo en que se necesita mucha más comunicación con la sociedad», afirmó el líder del Conep.
Este jueves, la Policía dispersó con gases a sindicalistas de la construcción que obstruían varios puntos de la capital, entre ellos uno frente a la sede de la Contraloría General, que fue apedreada.
Más de 900 personas fueron aprehendidas durante las manifestaciones masivas, las mayores en décadas en Panamá, que se registraron la semana pasada protagonizadas sobre todo por jóvenes, pero que fueron machadas por actos vandálicos de infiltrados.
En esas manifestaciones se registró un número no precisado de heridos en medio de denuncias de la Defensoría del Pueblo de un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, una situación que subrayó este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La agenda oculta y la defensa de la democracia
«Está claro que los manifestantes que actúan en forma pacífica tienen todo el derecho de hacerlo porque vivimos en una democracia, pero no debemos permitir actos violentos, perjuicios a terceros, afectación al derecho al libre tránsito, ningún tipo de acto delincuencial», dijo Castillo.
Para el presidente del Conep, también está claro que «los actos violentos, de imposición de cierre de calles, erosionan la institucionalidad democrática» y corresponden a «agendas políticas equivocadas, que no deben ser aceptadas por la ciudadanía».
«Porque aquí a través de la imposición no se van a lograr los cambios que requiere el país, sino a través de la democracia. El que quiera hacer un cambio político que lo haga a través de las elecciones que van a ser en mayo de 2024», agregó.
En un comunicado, Castillo «subrayó la situación actual donde grupos radicales con intereses políticos nos tienen ‘secuestrados’ a quienes buscamos llevar una vida con paz social, productiva y de progreso para nuestras familias».