En una sesión extraordinaria del domingo, el oficialismo aprobó ampliar por 30 días más el plazo del régimen de excepción a petición del Ejecutivo de Bukele.
Por EFE
El Salvador intensificó en los últimos días las capturas de supuestos pandilleros como parte de las medidas de un régimen de excepción que continuará hasta finales de mayo, que suspende garantías constitucionales y otorga poderes extraordinarios al Gobierno de Nayib Bukele para su «guerra contra las pandillas».
De acuerdo con el mandatario, en los últimos días el ritmo de detenciones se elevó a más de 1.000 por jornada, con lo que las capturas llegaron a más de 18.000.
«Segundo día consecutivo con más de 1.000 capturas de terroristas. Más de 18.000 en solo 31 días», señaló el mandatario salvadoreño este martes en Twitter.
AMPLIACIÓN DE RÉGIMEN
El mandatario firmó y mandó a publicar en la edición del Diario Oficial del 25 de abril la medida que le otorga por un mes más poderes especiales.
El decreto legislativo indica que entrará en vigencia el día después de su publicación, es decir hoy, pero que sus efectos comenzarán a partir de la finalización de los primeros 30 días. Lo que quiere decir que el 28 de abril comienza el nuevo término.
El Congreso aprobó el 27 de marzo la suspensión de garantías constitucionales tras una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 persona en tres días y colocó el día 26 de marzo como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 víctimas.
Esta ampliación implica que quedarán suspendidos hasta finales de mayo los derechos a la libre asociación y reunión, a la defensa y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días.
También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.
La Constitución de El Salvador exige que para ampliar un régimen de excepción es necesario que se mantengan las mismas circunstancias que lo originaron, en este caso la ola de asesinatos.
El Gobierno de Bukele admitió en la solicitud de ampliación que la escalada de asesinatos fue controlada, pero que la cantidad de pandilleros en libertad podría poner en peligro «los avances alcanzados».
El régimen de excepción fue ampliado sin que los diputados hayan pedido al Gobierno un informe detallado de los resultados de la medida y sin aplicar medidas para atender las denuncias de abusos.
DESLIGAN PROTESTA DE DEFENSA A PANDILLEROS
Diversas organizaciones desligaron una protesta convocada para el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, de cualquier defensa a los pandilleros y señalaron que reivindicarán a los trabajadores y denunciarán los «abusos» del Gobierno.
El secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de El Salvador (Sejes), Stanley Quinteros, indicó en declaraciones a la prensa que «no es una marcha política».
«Queremos aclarar que no es una marcha política la que vamos a desarrollar y conmemorar el 1 de mayo. Es una marcha de clase (trabajadora)», indicó Stanley, como miembro de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
Agregó que durante la marcha exigirán que «no haya más despidos arbitrarios» en el sector público y que se «erradique el nepotismo por parte de los funcionarios».
«No estamos marchando para defender delincuentes, estamos marchando para defender legítimamente los derechos e intereses de toda la clase trabajadora de El Salvador», subrayó.
Representantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular también afirmaron que la marcha convocada para el domingo «es nuestro derecho y nuestro deber» para «denunciar los abusos que se han estado cometiendo».
MÁS DENUNCIAS DESDE TWITTER
Diferente usuarios de Twitter continúan denunciado detenciones arbitrarias cometidas durante los días del régimen de excepción y entre las más recientes se encuentra la de Marvin Alexander Ramos.
De acuerdo con medios locales, Ramos es un estudiante universitario detenido el domingo pasado en el occidental departamento de Santa Ana.
Juan Pappier, investigador sénior en la División de las Américas de Human Rights Watch, le escribió a través de Twitter a uno de los denunciantes para «saber más sobre el caso de Marvin» y dar seguimiento al mismo.
Entre las organizaciones sociales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han recabado unas 200 denuncias, principalmente de detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción.
Amnistía Internacional (AI) señaló el lunes que la ampliación de este régimen de excepción de ser una «tormenta perfecta» contra los derechos humanos.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, señaló en un comunicado de la organización que «en los últimos 30 días, el Gobierno de Bukele ha pisoteado todos los derechos del pueblo salvadoreño».
«Desde reformas legales que incumplen las normas internacionales, hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a los detenidos, las autoridades salvadoreñas han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos, que ahora se espera que continúe con la prórroga del decreto de emergencia», indicó Guevara-Rosas.