En la carretera Panamericana, la principal del país que lo conecta de norte a sur, hay bloqueos en algunas áreas, según reportes de usuarios en redes sociales.
Por EFE.
El Gobierno de Panamá pidió este sábado la «apertura» de carreteras, pues hay bloqueos en diferentes puntos producto de las protestas antiminería, lo que ha producido desabastecimiento de alimentos, medicamentos y gasolina en algunos puntos del país, así como «el retorno de la paz social».
«Luego de la sanción por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, de la Ley de Moratoria Minera y a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); donde, reiteramos sea la prioridad uno de este Órgano del Estado, respetando su independencia como tal, solicitamos la apertura de las vías a nivel nacional y el retorno a la paz social que necesita la población panameña», señala un comunicado del Ministerio de Gobierno.
Esa misiva oficial agrega que «cuando en una sociedad existen conflictos y diferencias, cuando el pueblo exige posiciones y luego se encuentra una solución pacífica, logrando el objetivo, alcanzamos la paz social. ¡El pueblo ha sido escuchado!».
En la carretera Panamericana, la principal del país que lo conecta de norte a sur, hay bloqueos en algunas áreas, según reportes de usuarios en redes sociales.
Llamado al «libre tránsito»
Gremios empresariales también han pedido la apertura de las vías haciendo un llamado al «derecho del libre tránsito», pues en algunos puntos del país hay desabastecimiento de alimentos, gasolina y medicamentos, principalmente en las provincias del interior.
Y la Defensoría del Pueblo instó «a los dirigentes considerar liberar las vías para garantizar el acceso al derecho a la salud y a la seguridad alimentaria sin menoscabo de la protesta pacífica» ante los «resultados infructuosos de establecer los corredores humanitarios para el paso de alimentos, medicinas e insumos médicos en los distintos puntos de cierre».
«Escasean los alimentos, combustible y medicinas, aún tenemos cuatro camiones de medicinas. Tenemos personas incluyendo personas adultos mayores niños y niñas, adolescentes varadas en la carretera, el derecho libre circulación, pérdida de escuela, muchas cosas más», escribió en la red social X (antes Twitter) el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.
También, las redes sociales se han inundado de mensajes solicitando al menos un corredor humanitario para el paso expedito de estos insumos básicos.
La Caja del Seguro Social (seguridad social) de Panamá informó hoy que, en conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval, se ha establecido «un corredor humanitario aéreo de urgencia para el traslado de insumos» para «salvar la vida de los pacientes hospitalizados en Chiriquí y Bocas del Toro», ambas áreas fronterizas con Costa Rica.
Y añadió que se trasladaron «cerca de 9.000 kilos de insumos» para «hemodiálisis a estas provincias, lo que abastece la necesidad solo para unos días».
Sindicatos continuarán en la calle
La «Alianza» por el Pueblo Unido, que aglutina varios sindicatos, entre ellos el poderoso Suntrac, anunció que mantendrán «las acciones de calle, las movilizaciones patrióticas y cívicas que se han emprendido con cada característica de cada sector organizado» hasta que se «derogue» el contrato minero.
Desde hace casi dos semanas, Panamá vive una crisis interna con protestas en rechazo a un polémico contrato minero, las más masivas en las últimas décadas, y bloqueos en las principales carreteras del país, que mantienen semiparalizado el país.
Las manifestaciones están en contra del contrato ley que renueva una concesión a 20 años prorrogables a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Ahora, el futuro de ese contrato minero está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe declarar si es inconstitucional o no después de que el Parlamento desistiera de derogarlo mediante un proyecto ley.
Este sábado, un reducido grupo de manifestantes realizó una vigilia con pintadas en la calle y velas en los predios de la Corte para presionar a ese ente de justicia a fallar sobre el contrato minero.
Ambientalistas y juristas alegan que un fallo de inconstitucionalidad de la Corte, el máximo órgano de justicia, pondría en una situación más ventajosa al Estado frente a una posible futura demanda internacional de parte de la empresa minera por incumplimiento del contrato.
El viernes, fue promulgada una ley de moratoria minera, que prohíbe otorgar nuevas concesiones de minería metálica y rechaza las que están en trámite, que era uno de los reclamos de los manifestantes.