Los legisladores eliminaron del Código Penal un inciso que establecía penas de prisión de entre 10 y 15 años de cárcel a quienes difundieran mensajes relacionados con las pandillas por los medios de comunicación.
Por EFE.
La Asamblea Legislativa de El Salvador derogó parcialmente dos polémicas enmiendas legales aprobadas en abril de 2022 que fueron consideradas como una «reforma mordaza» contra la prensa para «ratificar» la libertad de expresión.
Los legisladores eliminaron del Código Penal un inciso que establecía penas de prisión de entre 10 y 15 años de cárcel a quienes difundieran mensajes relacionados con las pandillas por los medios de comunicación.
No obstante, dejaron vigente el inciso primero que indica dichas penas de prisión para quien participe en la elaboración de «cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones» y «en especial las que tengan como finalidad aludir al control territorial de dichos grupos o a transmitir amenazas a la población en general».
Además, se suprimió del articulo 1 de la Ley de Proscripción de Pandillas la prohibición a los medios de «la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados» por las maras.
En el decreto para reformar el Código Penal los legisladores oficialista señalaron que «esta Asamblea considera necesario ratificar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión».
«Ha quedado demostrada la efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad, y la contundencia de las acciones realizadas por el Estado para frenar la difusión de los mensajes que generaban zozobra en la población», agrega el documento.
Indica que esto «se ha logrado mediante el trabajo articulado de las instituciones, y sin perseguir o menoscabar en ninguna manera la labor de los medios de comunicación, por lo que se vuelve innecesario en este momento continuar regulando la restricción establecida».
En la iniciativa aprobada para reformar la Ley de Proscripción de Pandillas, los legisladores apuntaron que la reforma es necesaria para «garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos salvadoreños».
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) calificó estas reformas, aprobadas poco después de que el Congreso decretó un régimen de excepción para combatir a las maras, como «reformas mordaza».
«Desde APES consideramos estas reformas como un claro intento de censura a los medios de comunicación. Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad», indicó en su momento en un comunicado.
También entes internacionales, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE), se pronunciaron contra estas enmiendas.
La RELE alertó «sobre riesgos de criminalización severa a ejercicios legítimos de la libertad de expresión en El Salvador tras la aprobación de reformas al Código Penal y las prohibiciones dirigidas específicamente a los medios de comunicación en la Ley de Proscripción de Pandillas».