Más de 52.000 personas han sido detenidas desde que el Parlamento salvadoreño aprobara en marzo el estado de excepción.
Por EFE
Estados Unidos denunció este lunes el «drástico» recorte de las libertades civiles en El Salvador bajo el régimen de excepción promovido por el Gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas, y criticó la legislación que criminaliza a las prensa que informa sobre el crimen organizado
«En reuniones privadas con el Gobierno de El Salvador, hemos subrayado la importancia de respetar los derechos humanos, incluidas las garantías judiciales», expresó la subsecretaria adjunta para América Latina en el Departamento de Estado, Emily Mendrala, durante una comparecencia virtual ante la comisión de derechos humanos de la Cámara de Representantes.
Más de 52.000 personas han sido detenidas desde que el Parlamento salvadoreño aprobara en marzo el estado de excepción, extendido hasta en seis ocasiones, como parte de la guerra del Gobierno contra la violencia de las pandillas.
Mendrala subrayó la «preocupación» por parte de Estados Unidos, porque esta medida ha «recortado drásticamente la protección de los derechos civiles» en el país centroamericano y al menos 700 personas fueron arrestadas «por error».
«El Departamento de Estado está comprometido firmemente con la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, algunas medidas tomadas durante el estado de excepción van en contra de los derechos humanos y son insostenibles», dijo.
Aseguró que bajo el régimen de excepción se ha suspendido el derecho a ser informado de los motivos de la detención, a tener un abogado y a comunicarse de forma privada.
También se había restringido la libertad de reunión, una medida que fue levantada recientemente, tal y como había pedido Washington.
Durante la misma sesión, el subsecretario adjunto para Derechos Humanos del Departamento de Estado, Scott Burby, criticó la legislación aprobada en abril que criminaliza a los periodistas que informen sobre algunas actividades de las pandillas.
«No tenemos conocimiento de que haya periodistas arrestados bajo esta ley, pero la norma abre la puerta al enjuiciamiento y al acoso político de reporteros y medios de comunicación que cubren las pandillas», advirtió.
Pese a considerar que el régimen de excepción puede tener «resultados a corto plazo», el funcionario estadounidense advirtió de que no supondrá «una solución a largo plazo» para el problema de la violencia en El Salvador y generará «un impacto en los derechos humanos».
Sobre los US$800 millones que El Salvador tiene que pagar en 2023 al Fondo Monetario Internacional (FMI), Mendrala recordó que el Gobierno salvadoreño ha dicho que tiene suficiente liquidez, y aseguró que Washington lo está analizando «de cerca».
Y cuestionado sobre la masacre de El Mozote de 1981, en la que estuvo involucrado Estados Unidos, Burby afirmó que su Gobierno está dando «toda la información posible» al juez que instruye el caso.