Se espera que la reforma constitucional sea completada en cualquier momento a partir del 9 de enero próximo.
Por EFE
La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este martes en primera legislatura una reforma constitucional para instaurar la cadena perpetua para «crímenes de odio», que la oposición teme que sea utilizada para encerrar a sus líderes, en medio de la crisis sociopolítica que vive el país.
Con 70 votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de 92 posibles, la llamada «aplanadora» oficialista aprobó una reforma al Artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, que fija en 30 años la pena máxima.
La reforma, que necesita ser aprobada en una segunda legislatura, establece que «excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional».
El establecimiento de la cadena perpetua es una solicitud expresa del presidente Daniel Ortega, cuyo Gobierno afirmó haber recaudado 3 millones de firmas de respaldo, casi el 50 % de la población de Nicaragua.
Diferentes grupos opositores han emitido mensajes de alarma sobre la petición de Ortega, al que se refieren como «dictador», ya que se da a menos de un año de las elecciones generales de 2021 y consideran que la cárcel es una forma utilizada por el líder sandinista para eliminar la competencia, y así extender por cinco años adicionales un poder que ostenta desde 2007.
La mayor debilidad que los expertos constitucionalistas han señalado sobre la reforma de ley es que deja a discreción del Gobierno la interpretación de qué es un delito de odio.
Se espera que la reforma constitucional sea completada en cualquier momento a partir del 9 de enero próximo, cuando se instale la nueve legislatura, siempre con mayoría sandinista.
La cadena perpetua forma parte del llamado «paquete de leyes represivas» en Nicaragua, que incluye la Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros, conocida como «Ley Putin», y la Ley de Ciberdelitos, a la que denominan «Ley Mordaza», ambas aprobadas en semanas recientes.
La Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros ordena que toda persona que reciba algún ingreso económico o regalía del exterior, que no sean remesas, pensiones o inversiones, sea considerada «agente extranjero» incluso si es nicaragüense, salvo excepciones, y debe brindar un informe periódico de sus gastos.
La Ley de Ciberdelitos penaliza a cualquier persona o institución que posea, reciba o remita información que el Gobierno considere una amenaza, incluso si es una opinión en medios de comunicación o redes sociales.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que no vivía desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.