Las finanzas de Costa Rica se vienen deteriorando desde la crisis económica mundial del 2008.
Por EFE
El Gobierno de Costa Rica se acerca al cierre de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un acuerdo financiero por 1.750 millones de dólares, en medio de un contexto de deterioro de las finanzas públicas y el complejo panorama político que significa un Congreso dividido.
Tras dos semanas de reuniones con el Gobierno, diputados, sindicatos, académicos y otros grupos sociales, el FMI terminará el próximo viernes una misión a Costa Rica que tiene como fin evaluar la situación del país y negociar el acuerdo financiero.
EL DETERIORO ECONÓMICO
El Gobierno ha expresado su confianza en que al termino de las conversaciones el FMI acepte el plan presentado para acceder a los fondos, el cual busca la eliminación del déficit primario al año 2023, una tarea nada fácil tomando en cuenta que en el 2020 ese déficit fue del 3,5 % del PIB.
Las finanzas de Costa Rica se vienen deteriorando desde la crisis económica mundial del 2008 con un aumento sostenido de la deuda y el déficit, que el Gobierno actual del presidente Carlos Alvarado intentó paliar con una reforma tributaria que el Congreso aprobó en diciembre de 2018.
Sin embargo, los resultados de esa reforma no se han podido evaluar debido a la crisis generada por la pandemia de la covid-19.
El 2020 las cifras se deterioraron menos de lo que el Gobierno había proyectado. El déficit total cerró en el 8,34 % del PIB, cuando lo pronosticado era del 9,2 %; mientras que el desempleo se duplicó y ronda del 22 %.
«El país se encuentra nuevamente a las puertas de retomar la senda de la estabilidad fiscal, de la mano con una actitud de responsabilidad fiscal por parte del Gobierno», expresó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien resaltó la importancia de conseguir el acuerdo con el FMI.
Según el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, alcanzar el acuerdo con el FMI le permitiría al país generar confianza a los mercados internacionales, además de estabilizar las finanzas.
EL COMPLEJO PANORAMA LEGISLATIVO
El Gobierno tiene apenas 11 de los 57 diputados que integran el Congreso y deberá entablar un arduo proceso de negociación para conseguir los 38 votos necesarios para que se apruebe el eventual acuerdo con el fondo.
La fracción del Partido Unidad Social Cristiana ha dicho que apoya las negociación, pero ha advertido que no aprobará aumentos de impuestos, algo similar a lo que han expresado otros partidos de oposición.
El expresidente Óscar Arias, militante y una de las principales figuras del opositor Partido Liberación Nacional, pidió a los diputados de esa bancada que apoyen el acuerdo con el FMI y al presidente Alvarado involucrarse más en el proceso.
La situación interna se vuelve más compleja pues en Costa Rica habrá elecciones presidenciales y legislativas en febrero de 2022, lo que hace que el año previo sea considerado como una campaña electoral en la que los diversos partidos tratan de atraer votos para sus candidatos.
Esta por verse si el Gobierno logra reunir los votos necesarios para que se apruebe el eventual acuerdo con el FMI, que desembolsaría el dinero en tres tractos anuales.
A esto se une que varios sindicatos y grupos sociales han anunciado su rechazo a la negociación, especialmente porque el plan presentado por el Gobierno incluye un proyecto de Empleo Público que pretende disminuir el gasto en remuneraciones.
LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO
La propuesta costarricense para acceder a los recursos del FMI incluye reducción de gasto con medidas como una reforma al esquema de empleo público, la aplicación de una regla fiscal, la reducción de beneficios fiscales en el sector público, entre otros.
Según el Gobierno, este conjunto de medidas permitirán reducir el gasto primario corriente del actual 16,45 % del PIB, a un 13% en cinco años.
En cuando a los ingresos, el Gobierno planea eliminar o reducir exoneraciones fiscales, aumentar el impuesto a las casas «de lujo» (con valores superiores a los 350.000 dólares) y la creación de la renta global, entre otros.
Las autoridades han descartado un aumento en el impuesto al valor agregado y gravar las transacciones bancarias.