PNUD y MINAE firmaron acuerdo con el objetivo de que el país pueda acceder a financiamiento para soluciones basadas en la naturaleza y así promover la reactivación económica.
Por Revista Summa / Fotografía Oscar Protti.
En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica y bajo el lema “Soy parte de la solución”, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron este viernes un Acuerdo de Entendimiento.
El instrumento suscrito tiene como objetivo redoblar los esfuerzos y el compromiso que realiza el país para reducir la brecha de financiamiento de la biodiversidad e impulsar múltiples soluciones financieras basadas en la naturaleza para promover la reactivación económica inclusiva y el Desarrollo Sostenible de Costa Rica.
En la actividad, que se realizó este viernes de manera virtual, participaron las ministras de Ambiente y Energía, Andrea Meza; de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido, así como la viceministra de Hacienda, l Alejandra Hernandez y el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, José Vicente Troya Rodríguez.
De acuerdo con un estudio presentado por BIOFIN, se estima que el valor total anual del capital natural de Costa Rica es de $14.5 mil millones —según la información disponible para los ecosistemas evaluados—, lo que representa el 23% del Producto Interno Bruto de Costa Rica para el año 2019.
Estos datos revelan la contribución significativa que provee la naturaleza al bienestar humano, local y global, así como el impacto y la potencial pérdida económica que representaría la degradación o pérdida de estos ecosistemas. El valor presente neto del capital natural de Costa Rica en su totalidad es de $845 mil millones.
El representante Residente del PNUD, José Vicente Troya, explicó que BIOFIN ha permitido cuantificar el inmenso valor que tiene la biodiversidad para la economía de Costa Rica, medir la inversión respecto a su gasto público, como monitorear la brecha de financiamiento y proponer alternativas para reducir dicha brecha.
“De la mano con las autoridades, hemos podido movilizar a la fecha recursos de fuentes públicas y privadas por $84.9 millones USD a través de 6 soluciones financieras y un Programa Interinstitucional +Mujeres +Natura, en el marco de 7 alianzas estratégicas entre el Gobierno de Costa Rica, sector público, financiero y sector privado, contribuyendo así a reducir la brecha de financiamiento a la biodiversidad con particular atención en el empoderamiento económico de las mujeres y pueblos indígenas en su diversidad”, señaló.
Por su parte, Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía, abogó por redoblar esfuerzos para cerrar la brecha de financiamiento para la biodiversidad.
Mencionó algunos factores relevantes que amplían esa brecha en Costa Rica, como la contracción económica, el contexto fiscal, la reducción de turismo y por ende ingresos para las Áreas Silvestres Protegidas, reducción de ingresos por concepto de impuestos para Programas estratégicos como el Programa de Pago por Servicios Ambientales.
“La firma de este Acuerdo de Entendimiento nos permite continuar el análisis frente a los retos del financiamiento para la biodiversidad e implementar soluciones financieras en un marco de alianzas estratégicas para el beneficio de nuestro planeta, la naturaleza y las comunidades”, concluyó la ministra Meza.
Durante la actividad se detalló que debido a las tendencias globales y presiones económicas que producen pérdida y deterioro de la biodiversidad, es relevante cuantificar el gasto que hace el país con recursos públicos para asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, tanto a nivel del gobierno central como en el resto del sector público, e identificar brechas de financiamiento y soluciones financieras que permitan mantener, restaurar y propiciar los beneficios de la naturaleza para la sociedad y economía costarricense.
Según el análisis de gasto biodiversidad actualizado para el 2015-2020, utilizando la metodología BIOFIN, el gasto promedio anual en biodiversidad del Gobierno Central representó 0.18% del PIB y en las entidades desconcentradas y descentralizadas, un promedio anual de 0.63% del PIB para el período.
Entre los principales retos se identificaron: el contexto fiscal actual y la necesidad de tomar medidas para solucionarlo, la caída en la actividad económica que afectará el financiamiento para la biodiversidad, así como la posibilidad de impulsar una reactivación económica verde e inclusiva.
Del 2021 a 2030 se decreta el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas que es un llamado a proteger y recuperar los ecosistemas a escala mundial, en beneficio de la humanidad y la naturaleza.