El veto parcial involucra un desacuerdo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Por Revista Summa
La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) lamentó la decisión del presidente de la República, Rodrigo Chaves, de vetar de manera parcial el proyecto de ley que pretende sacar a Costa Rica de la “lista negra” de países y territorios no cooperantes a efectos fiscales de la Unión Europea (UE).
El texto del expediente 23.581 que fue avalado por la Asamblea Legislativa el pasado viernes 8 de setiembre, logró incluir todos los elementos necesarios para lograr la exclusión de Costa Rica de la lista negra; y así lo concluyeron las Señoras y Señores Diputados de la República.
El veto parcial involucra un desacuerdo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Desde AZOFRAS se considera importante mantener el texto aprobado por la Asamblea Legislativa, por lo que se hace necesario un “resello” que requiere 38 votos en el plenario e implica una aprobación directa y total del expediente.
Los representantes de AZOFRAS consideran que “La eliminación de la modificación del párrafo tercero del artículo 1, mediante un veto parcial, supone una situación de discordancia entre lo dispuesto en la Ley y la interpretación administrativa y judicial. Esto representa una falta de claridad normativa en el tratamiento de las rentas pasivas de fuente extranjera”
Sobre las razones planteadas del veto
No se genera una “exención de impuestos” a favor de los Bancos y las grandes empresas.
La propuesta vetada cumple con un requisito planteado por la Unión Europea. Actualmente la Ley determina un sistema impositivo territorial; pero interpretaciones administrativas y judiciales han ampliado la cobertura, aplicando gravámenes sobre las rentas extraterritoriales. Esto resulta en discrecionalidad administrativa nociva e inseguridad jurídica. Una de las razones más relevantes que implicó la inclusión de Costa Rica en la “Lista Negra” de la Unión Europea.
La Asamblea Legislativa es el único poder del Estado que tiene la responsabilidad y obligación de aprobar y enmendar las leyes (no es competencia del Poder Judicial). En este caso, una mayoría del Congreso ha determinado que se debe respetar el principio territorial que históricamente ha imperado en el país desde la aprobación de la ley de renta en 1988 y que incluso Hacienda y la misma Sala I siempre avaló y respetó.
El tema en discusión sí forma parte esencial del problema identificado por la Unión Europea. La modificación planteada por el veto no sólo compromete la exclusión de la Lista Negra; sino que también pone en peligro la confianza de las empresas con planes de invertir en Costa Rica al generar un ambiente de inseguridad jurídica. Esto último compromete los planes país de inversión planteados para los próximos cuatro años.