Este país centroamericano viene arrastrando un déficit fiscal y crecimiento sostenido de la deuda desde hace poco más de una década.
Por EFE
El Gobierno de Costa Rica abrió este lunes las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la búsqueda de un acuerdo financiero por US$1.750 millones que pretende estabilizar las finanzas públicas del país e introducir ajustes rechazados por sectores sindicales y sociales.
Este lunes dio inicio el proceso de negociación del Acuerdo de Servicio Ampliado, a través de reuniones por vídeoconferencia entre el equipo económico del Gobierno costarricense, encabezado por el ministro de Hacienda, Elian Villegas; y una misión del FMI dirigida por Manuela Goretti, que, en un principio, se extenderán por dos semanas.
¿QUÉ PROPONE COSTA RICA?
Este país centroamericano viene arrastrando un déficit fiscal y crecimiento sostenido de la deuda desde hace poco más de una década y, pese a la aprobación de una reforma tributaria en diciembre de 2018, la pandemia de la covid-19 vino a agravar la situación en el 2020.
En 2020 las proyecciones indican que Costa Rica cerrará con un déficit fiscal en torno al 9 % del PIB, una deuda del 70 % del PIB y una caída económica de alrededor del 4,5 %.
La propuesta costarricense para acceder a los recursos del FMI incluye reducción de gasto con medidas como una reforma al esquema de empleo público, la aplicación de una regla fiscal y la reducción de beneficios fiscales en el sector público, entre otros.
Según el Gobierno, este conjunto de medidas permitirán reducir el gasto primario corriente del actual 16,45 % del PIB, a un 13 % en cinco años.
En cuanto a los ingresos, el Gobierno planea eliminar o reducir exoneraciones fiscales, aumentar el impuesto a las casas «de lujo» (con valores superiores a los 350.000 dólares) y la creación de la renta global, entre otros.
Las autoridades han descartado un aumento en el impuesto al valor agregado y gravar las transacciones bancarias.
“Las propuestas del Gobierno al FMI en materia fiscal tienen como eje central la reducción del gasto público, por esto más de la mitad de la reducción del 2,5 % (del PIB) en el déficit fiscal, que es necesaria para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo, provendrá de la contención del gasto público primario», manifestó el ministro de Hacienda.
El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, quien también forma parte del equipo negociador, manifestó que un acuerdo con el FMI permitiría acceso directo al crédito y además «brindaría un sello de confianza a las políticas macroeconómicas y financieras del país».
En el proceso negociador, las partes analizan asuntos como el panorama macroeconómico de Costa Rica, los riesgos a mediano y largo plazo, la gestión de la deuda, el presupuesto nacional, proyecciones fiscales, política monetaria, sistema financiero, seguridad social, cambio climático y el impacto de la pandemia en el turismo.
Además de las conversaciones entre equipos técnicos de las partes, la misión del FMI contempla la organización de espacios de intercambio con miembros del Congreso, academia, organizaciones de sociedad civil y del sector privado, informó el Gobierno.
EL RECHAZO DE LOS SINDICATOS
Diversos sindicatos han expresado su rechazo a la negociación con el FMI, especialmente debido al proyecto de ley de reforma al empleo público, pues consideran que los empleados públicos no son los responsables de la situación económica del país.
Uno de los sindicatos que más rechazo ha expresado es la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), que afirma que no es necesario un acuerdo con el FMI.
«Costa Rica no ocupa (necesita) de convenio alguno con el FMI. Rechazamos, de manera tajante, que el país se vea inmerso en una nueva confrontación social, misma que podría sobrevenir en fechas próximas. Las negociaciones con el FMI se darán en un momento totalmente inoportuno, de considerable potencial provocador a un desasosiego social más intenso y extendido», aseguró el secretario general de la ANEP, Albino Vargas.
Según Vargas, este convenio supone una «hipoteca» al futuro del país y afirmó que el sector público descentralizado acumula superávit por 7.000 millones de dólares que serían suficientes para solventar las necesidades del Gobierno.
Sobre el proyecto de ley de empleo público, el sindicalista afirma que «no representa esfuerzo fiscal alguno serio», sino que se trata de «una iniciativa de corte ideológico-totalitario» en contra de los trabajadores públicos.
La ANEP y grupos sociales, como el llamado «Rescate Nacional», han anunciado que próximamente habrá protestas en contra del eventual acuerdo con el FMI.