Este es el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de activistas.
Por EFE
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dijo este lunes que el Acuerdo de Escazú «sienta las bases para cambios en los patrones de producción y consumo» y permite «acelerar la transición hacia sociedades más productivas, inclusivas y sostenibles».
«Al asegurar el derecho de las generaciones presentes y futuras al medio ambiente sano y al desarrollo sostenible a través del acceso a la información, la participación y la justicia, este primer tratado ambiental de la región sienta las bases para cambios en los patrones de producción y consumo que pongan a las personas y a la naturaleza en el centro», dijo el organismo regional dependiente de la ONU y con sede en Santiago de Chile.
En un comunicado con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, pidió «acelerar la transición hacia sociedades más productivas, inclusivas y sostenibles que reduzcan nuestra huella ambiental y que aceleren la economía circular como una estrategia transectorial para el desarrollo sostenible”.
“El Acuerdo de Escazú nos muestra el camino, ofreciendo herramientas para diseñar acciones colectivas ambientalmente sostenibles que involucren a todos los actores de nuestra sociedad”, agregó.
El Acuerdo de Escazú, cuyo nombre técnico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de activistas.
En vigor desde 2021, el pacto ha sido ratificado por los Parlamentos de una docena de países, aunque originalmente fue suscrito por 24 naciones.
Pese a que Latinoamérica contribuye solo con el 9 % de las emisiones globales, es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática.
Latinoamérica es también la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad.
El año 2020 fue el más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques sucedieron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas.