De acuerdo con Bukele, su plan de seguridad ha permitido reducir en un 60 % la cifra de homicidios, sin detallar el periodo de comparación.
Por EFE
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apuesta por duplicar el número de militares para intentar controlar definitivamente los territorios que durante décadas han dominado las pandillas, pero activistas recuerdan que su apoyo en el pasado no dio resultados sostenibles y no olvidan los antecedentes de atropellos a derechos humanos.
El Salvador registró al cierre del primer semestre del 2021 una alza en la cifra de homicidios del 10,4 %, respecto al mismo lapso del 2020, en lo que podría considerarse una fisura en el Plan Control Territorial (PCT).
De acuerdo con cifras preliminares de la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero y junio pasado se registraron 658 homicidios, un 10,4 % superior a los 596 asesinatos computados en el mismo lapso de 2020.
De acuerdo con Bukele, su plan de seguridad ha permitido reducir en un 60 % la cifra de homicidios, sin detallar el periodo de comparación.
En este marco, el mandatario lanzó la cuarta fase del plan el pasado 21 de julio, que implica pasar de 20.000 militares activos a 40.000 en los próximos cinco años, con lo que sobrepasa su periodo presidencial que vence en 2024.
Para el mandatario, con este número de militares se garantizará «tener suficiente capital humano para poder vencer a las pandillas en sus territorios».
EL VIEJO ALIADO
Zaira Navas, abogada de la organización humanitaria Cristosal, dijo a Efe que «todos los Gobiernos han echado mano de la Fuerza Armada» para sus planes de seguridad.
De acuerdo con la Plataforma por la Seguridad Ciudadana, su uso en labores de seguridad ciudadana comenzó desde 1993 tras la finalización de la guerra civil (1980-1992).
Navas señala que la principal diferencia entre los Gobiernos pasados y el de Bukele es que anteriormente «la Fuerza Armada aparecía con menos presencia y era el Ministerio de Seguridad el que lideraba los esfuerzos».
Agregó que actualmente se ve «a una Fuerza Armada con mayor presencia mediática» y «con mayor apoyo desde el presidente».
«La Fuerza Armada se presenta como la alternativa del control de los territorios, esto es muy peligroso porque no tiene la preparación» y «no han recibido formación en derechos humanos».
Subrayó que en la historia salvadoreña, el Ejército ha sido utilizado «para mantener o garantizar el autoritarismo, para dar golpes de Estado, para garantizar la permanencia de presidentes, para romper la democracia y para violar derechos humanos».
La gran mayoría de crímenes de guerra o lesa humanidad perpetrados en el conflicto armado se atribuyen al Ejército, como la ejecución de unos 1.000 civiles desarmados en El Mozote (1981) y cientos de masacres más.
¿LA POLICÍA DESPLAZADA?
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, al igual que Navas, cuestiona el fortalecimiento del Ejército y no de la Policía.
La PNC nació con la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 para sustituir a los cuerpos policiales de corte militar, también vinculados a atropellos de derechos humanos.
«La apuesta nuevamente por parte del Gobierno es reforzar este carácter militar de la seguridad pública, cuando durante tres décadas hemos insistido en fortalecer la PNC», sostuvo.
Añadió que «la presencia militar no ha sido en ningún momento relacionada científicamente con la reducción del delito».
Para Reyna, esta práctica es para «mostrar músculo» y capacidad de reacción en «un territorio que no está siendo controlado por el Estado».
Advirtió que este mayor protagonismo de las FFAA genera una «alianza política» entre el Gobierno y el Ejército, que «le permita también establecer ciertas condiciones de ventaja e incluso de acompañamiento militar en momentos que puedan ser incómodos para el Gobierno».
«Se está utilizando la seguridad pública como una excusa para incrementar el presupuesto a los militares» y «dar más poder a esa institución», subrayó.
¿EL PODER DE LAS PANDILLAS QUE NO MERMA?
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.
Estos han ido del encarcelamiento masivo de sus miembros, la confrontación armada directa y la negociación.
El discurso del presidente Bukele al anunciar el incremento de los efectivos militares también genera la duda de la cantidad de pandilleros activos.
«Habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero. Así vamos a ganar esta guerra con las pandillas, con medidas valientes», dijo en su discurso.
Bukele no especificó si se refería a que entre los 40.000 militares que tendrían el Ejército dentro de cinco años y los más de 22.000 miembros operativos de la PNC se alcanzaría el número de miembros activos de la pandillas.
Las anteriores administraciones han manejado una cifra de 60.000 pandilleros y que aproximadamente el 10 % de la población tiene alguna relación con estas estructuras.
EL EJÉRCITO QUE SE OCULTA DE SU PASADO
En 2020, el Gobierno lanzó en los medios de comunicación una intensa campaña publicitaria que enfatizaba que el país tenía una «nueva Fuerza Armada», pero el Ejército mantiene asuntos pendientes con las víctimas de la guerra civil.
En un documento enviado a la Corte Suprema en 2020, el ministro de la Defensa, René Merino, desvinculó a la institución de la búsqueda de justicia por la masacre de El Mozote.
Lo anterior, al pedir mediante una carta a los magistrados de la Corte Suprema que frenaran una inspección judicial a sus archivos, donde Merino sostuvo que no podía considerarse que la FFAA «tiene interés directo en el fin último que se persigue mediante la misma».