El presidente Bukele también criticó el domingo al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien expresó su preocupación por una reforma penal que considera abre la puerta a la «criminalización» y «censura» del periodismo en el país.
Por EFE
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó este lunes en Twitter al Gobierno de Estados Unidos de «apoyar» a las pandillas y sus «libertades civiles» en respuesta a una publicación de Ned Price, portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano.
Price publicó ayer domingo que «el Gobierno de los Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por reducir la proliferación de pandillas» y llamó a «proteger a sus ciudadanos al mismo tiempo que defiende las libertades civiles, incluida la libertad de prensa».
Bukele cuestionó la publicación y señaló en un mensaje en inglés que «sí, obtuvimos apoyo del Gobierno de los EE.UU. para combatir el crimen, pero estaba BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP».
«Ahora solo apoyan a las pandillas y sus ‘libertades civiles'», agregó el presidente salvadoreño.
A modo de prueba, el mandatario compartió una publicación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) en la que anunciaba en mayo de 2021 la reorientación de ayuda destinada a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El retiro de la asistencia a estas dos instituciones gubernamentales se dio a raíz de la preocupación generada por la destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general el 1 de mayo de 2021.
La institución indicó en un comunicado que existen «preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas» y que «en respuesta, USAID está reorientando la asistencia de estas instituciones».
Sin embargo, dicha reorientación de la cooperación se dio cuatro meses después de que Trump dejara la Casa Blanca y llegara Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos.
El pasado 5 de abril, el Congreso aprobó una reforma penal que dicta condenas de 10 a 15 años de cárcel por «cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas».
Blinken también señaló que «ahora más que nunca, es esencial extraditar a los líderes pandilleros para que enfrenten la Justicia en los Estados Unidos», en referencia a las solicitudes presentadas por su país al Estado salvadoreño.
Una ola de asesinatos a finales de marzo, que se cobró la vida de más de 80 personas, llevó al Congreso a aprobar un régimen de excepción por 30 días, a pedido de Bukele y que obtuvo luz verde sin ninguna discusión.
En este marco, que el Gobierno ha llamado «guerra contra las pandillas», se han capturado a más de 9.000 supuestos pandilleros, de los que Bukele espera que solo exista un 1 % de error de arrestos a personas sin vinculación con dichos grupos.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones y generado picos de violencia a través de los años.