La crisis ha tenido como efecto inmediato el retroceso en la participación económica de las mujeres.
Por EFE
Los altos niveles de informalidad económica están lastrando la recuperación de la región latinoamericana y del Caribe tras la pandemia del coronavirus, según una de las principales conclusiones que arroja un estudio conjunto del Banco Mundial y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) hecho público hoy en una presentación híbrida en Nueva York.
El estudio, realizado a mediados de este año en 24 países con entrevistas telefónicas en profundidad a 800 personas mayores de edad en cada país, se ha centrado en áreas como mercado laboral, inseguridad alimentaria, educación, salud, género y digitalización, y aunque presenta datos muy dispares entre los países y dentro de cada país, sí ha mostrado un retroceso general en cuestiones como formalidad, inclusión e igualdad.
La pandemia y postpandemia se tradujeron en «una situación en la que la estructura se encontró con la coyuntura, y las vulnerabilidades se han profundizado y acentuado con el choque, con particular impacto sobre las mujeres», alertó Luis Felipe López Calva, director regional del PNUD para la región, al presentar el estudio junto a otros ejecutivos de su organización y del Banco Mundial.
El mercado laboral sufre de una alta tasa de desempleo: uno de cada cuatro latinoamericanos no ha recuperado su empleo, siendo las más perjudicadas las mujeres, y en particular las madres de niños menores de 5 años, seguidas de aquellas personas con bajo nivel educativo o en los márgenes de edad (muy jóvenes o muy mayores).
Pero tanto como la cantidad importa la «calidad» del empleo perdida en esta crisis: el empleo formal ha retrocedido en un 5%, hay un 5,3% más de trabajadores declarados por cuenta propia y, en general, la fuerza laboral se ha movido hacia la microempresa (de menos de cuatro trabajadores).
Esto ha afectado a los ingresos por hogar, que en un 50% no se han recuperado hasta los niveles prepandemia, porcentaje que sería mucho mayor sin contar las «transferencias de emergencia» (ayudas directas del estado o remesas de familiares) que han recibido un 46% de los encuestados.
La inseguridad alimentaria «se ha deteriorado en todos los países», con un porcentaje mucho mayor de hogares que se quedan sin comida en algún momento del mes, y este problema se ha agudizado precisamente en países que ya eran de entrada más desiguales, como es el caso de Colombia.
CIERRE DE LAS ESCUELAS Y CONSECUENCIAS
La crisis ha tenido como efecto inmediato el retroceso en la participación económica de las mujeres, para quienes la posibilidad de perder empleo ha sido el doble que para los hombres, debido sobre todo al cierre de las escuelas, que las obligó a abandonar trabajos asalariados para ocuparse de los hijos.
Aunque la mayoría de niños participan en alguna «actividad educativa», solo el 23% asiste presencialmente a la escuela, con porcentajes especialmente bajos en Ecuador, Perú, Paraguay y Chile, donde las escuelas permanecen cerradas en su mayor parte.
El estudio calcula que los estudiantes de la región «perdieron entre 12 y 18 meses de escolaridad», con particular incidencia entre los sectores más pobres, lo que tendrá «efectos negativos duraderos sobre la movilidad social y la desigualdad».
Las políticas de confinamiento tuvieron alguna consecuencia positiva, como es la disminución de la «brecha digital» y el avance de la conectividad, pero tampoco esto ha sido uniforme, y las áreas rurales o periurbanas tienen mucho terreno por andar; además, fenómenos como el alto precio de las líneas o los apagones frecuentes en la electricidad están dificultando esta nivelación digital.
El estudio tiene como fin dar recomendaciones a los gobiernos en el diseño de políticas públicas para nivelar las desigualdades y propiciar «un crecimiento más inclusivo y más sostenible».
Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, señaló que los ejes sobre los que deberían trabajar los gobiernos son el educativo, la atracción de inversiones que generen empleos, la agenda verde, la inversión en infraestructuras y la revisión de políticas fiscales, todo ello mediante una alianza entre el poder público y los sectores privados.