Mientras el Congreso debate, la urgencia de combatir la pérdida de alimentos se hace sentir en cada plato vacío y en el impacto ambiental.
Por Revista Summa
Cada año, Guatemala enfrenta una alarmante pérdida de aproximadamente 1.6 millones de toneladas de alimentos, una cifra que se traduce en 72.36 kg por persona, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esta problemática no solo representa una pérdida significativa de recursos, sino que también genera graves consecuencias ambientales, como la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático y una presión insostenible sobre el agua, la tierra y la energía.
Disminuir estas pérdidas es fundamental para mejorar el funcionamiento del sistema alimentario, al facilitar el acceso a alimentos a poblaciones en situación de vulnerabilidad y promover una gestión más responsable de los recursos.
Ante este panorama crítico, el Congreso de la República tiene en sus manos una herramienta fundamental: la Iniciativa de Ley 6568. Esta propuesta busca establecer un marco legal robusto para facilitar la donación de alimentos aptos para el consumo humano, ofreciendo incentivos claros para los donantes, respaldo legal para las organizaciones receptoras y mejoras sustanciales en la logística de entrega, en especial de productos perecederos. Su aprobación es vital para transformar la realidad del desperdicio de alimentos en el país.
Juan Pablo Ruano, director del banco de alimentos Desarrollo en Movimiento, resalta la urgencia de esta medida. En 2024, su organización logró rescatar 4.7 millones de libras de alimentos que de otra forma se habrían perdido. “Reducir estas pérdidas es una oportunidad tangible para transformar recursos que podrían desaparecer en apoyo real para comunidades vulnerables y en la construcción de un futuro más sostenible,” indicó.
El desperdicio de alimentos puede presentarse en distintas etapas del proceso, desde la producción hasta el consumo final, como resultado de limitaciones en infraestructura, prácticas de manejo y la falta de sistemas que faciliten el aprovechamiento de excedentes.
Desarrollo en Movimiento es un claro ejemplo del impacto positivo que se puede lograr. La organización trabaja articuladamente con empresas y organizaciones sociales, facilitando la recuperación y redistribución de alimentos que aún son aptos para el consumo. Desde 2018 hasta la fecha, esta labor ha permitido distribuir más de 20 millones de libras de alimentos, beneficiando directamente a más de 76,000 personas en todo el país.
La promoción de marcos normativos como la Ley 6568 representa una oportunidad para fortalecer este tipo de iniciativas, al establecer condiciones claras y seguras para la donación de alimentos, facilitar procesos logísticos y fomentar alianzas multisectoriales.
Es imperativo que todos los actores, sector privado, gobiernos locales y la ciudadanía, se involucren activamente en la implementación de prácticas sostenibles, desde la donación responsable y el aprovechamiento de alimentos hasta la gestión adecuada de residuos orgánicos. La aprobación y efectiva implementación de la Ley 6568 es el primer paso crucial.
“Avanzar hacia un sistema alimentario más eficiente y equitativo requiere del compromiso de todos. La implementación efectiva de la Ley 6568 puede ser una herramienta clave para lograr impactos positivos a nivel social, económico y ambiental,” concluyó Ruano.