Llegaron a Estados Unidos en una operación coordinada por el Departamento de Estado -que contrató a la ONG Center for Victims of Torture.
Por EFE
Este viernes se cumple un año de uno de los episodios más rocambolescos de la historia reciente de Nicaragua: la expulsión a Estados Unidos de 222 presos políticos que salieron de la cárcel, fueron subidos a un avión rumbo a Washington DC, despojados de la nacionalidad y empujados a una vida que no habían planeado.
El grupo formado por 189 hombres y 33 mujeres, encarcelados por el Gobierno de Daniel Ortega durante meses bajo duras condiciones en centros penitenciarios como El Chipote, era totalmente heterogéneo.
De veteranos exguerrilleros a jóvenes líderes estudiantes; de campesinos a candidatos a la presidencia; de empresarios con vínculos y familia en Estados Unidos a jubilados con problemas de salud, que no hablaban inglés. Algunos compañeros de celda, otros no se habían visto nunca.
Llegaron a Estados Unidos en una operación coordinada por el Departamento de Estado -que contrató a la ONG Center for Victims of Torture para ofrecerles asistencia- y se les otorgó un permiso humanitario de dos años.
Lo único que recibieron fue alojamiento en un hotel durante las tres primeras noches, un poco de dinero en efectivo y ayuda para trasladarse a donde se les pudo ubicar, casas de familiares o de compatriotas que las ofrecieron altruistamente. A partir de ahí, debieron enfrentarse al vacío de construir una vida no deseada en un país desconocido y sin vínculos.
¿Dónde están los 222?
A día de hoy, no hay una respuesta clara. «Por razones de privacidad y protección, EE.UU. no revelará la ubicación. Los registros de inmigración son confidenciales», explica a EFE una fuente del Departamento de Estado.
Una situación que confirma a EFE quien fuera precandidato presidencial Félix Maradiaga, uno de los 222. Solo se sabe dónde están 134, quienes han querido informar sobre su paradero y «han aceptado ser parte de un mecanismo interno de comunicación», relata en una entrevista.
Entre ellos estaba Michael Healy, el último presidente de la patronal Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), quien falleció hace dos semanas en Panamá por un infarto.
La mayoría, relata Maradiaga, están en Estados Unidos, sobre todo en Florida, Virginia, Maryland o California. Muchos se han movido varias veces este año.
Tras el ofrecimiento del Gobierno español de la nacionalidad española, algunos la aceptaron y viajaron a España y otros están en trámites. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron a EFE que en los últimos meses «más de un centenar» la han solicitado, de los 222 y de otros grupos de opositores.
«Dos o tres se fueron a México y unos cinco están en Costa Rica», detalla Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua.
Quienes han optado por el anonimato, señala la activista Tamara Dávila, también expresa liberada, tienen «mucho miedo, aun estando fuera de la cárcel y del país».
Está el «estrés postraumático» y, sobre todo, el «miedo por las familias» que siguen en Nicaragua y continúan hostigadas, apunta Dávila, quien pide que se recuerde que todavía hay más de un centenar de presos políticos en el país.
¿Cómo están los 222 y cómo han sobrevivido?
Por lo variopinto del grupo, también ha sido variada su adaptación. Aunque la mayoría tienen trabajo y han logrado adaptarse, cuentan Dávila y Maradiaga, hay un grupo, los adultos mayores, que es especialmente vulnerable.
Unas 35 personas eran mayores de 60, algunas de ellas con problemas de salud que les impiden trabajar, y sin seguro ni atención médica. Alguna está «en estado de indigencia», alerta Dávila.
Y es que el permiso humanitario que se les concedió no otorga apenas recursos para la adaptación, cuenta a EFE Leora Hudak, gerente de programas de migración del Center for Victims of Torture, que asistió a los nicaragüenses a su llegada.
«Es una herramienta para una evacuación rápida» y fue «muy eficaz para la salida del país», pero no para el reasentamiento, explica.
Con este permiso humanitario de dos años tenían la opción de pedir asilo durante el primer año, pero solo cuando se lo conceden pueden disfrutar de algunos beneficios sociales (como el seguro gratuito de salud) con los que cuentan quienes llegan, por ejemplo, con el estatus de refugiados.
Hudak, quien ha trabajado en esta organización con personas llegadas de distintas partes del mundo, sí ve algo específico de los 222 nicaragüenses. Todos los que trató le explicaron lo mismo, que ven a Estados Unidos como algo transitorio y que ansían poder regresar un día a su patria.