Cobre Panamá es una inversión de 10.000 millones de dólares, cuya operación representaba el 4,8 % del PIB.
Por EFE
El Gobierno de Panamá presentó este martes el plan para el cierre de la mina a cielo abierto Cobre Panamá, la mayor de Centroamérica y cuya operación, a cargo de una filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), fue inhabilitada por un fallo judicial.
Este llamado ‘Plan de Acción para el Cierre Ordenado y Definitivo de Cobre Panamá’ contempla un cronograma que arrancará el próximo «23 de diciembre con la ordenación de la fase temporal de preservación ambiental y gestión segura, y se extenderá hasta junio de 2024, con el inicio de la elaboración del Plan de Cierre Final Ordenado y Post Cierre», indicó un comunicado oficial.
El ministro de Comercio e Industria, Jorge Rivera Staff, precisó en una comparecencia ante los medios que el plan contempla tres estrategias específicas: el cierre ordenado y definitivo; la defensa del Estado ante arbitrajes internacionales; y la sustitución sostenible de la minería metálica en el producto interno bruto (PIB) nacional.
Durante el desarrollo de este plan de cierre, el Ejecutivo estará acompañado «de profesionales idóneos, especialistas técnicos nacionales y la asesoría y colaboración de otros Gobiernos y de organismos internacionales con la más alta experiencia y credibilidad en sus distintos campos», dijo Rivera.
El ministro fue enfático en señalar que tras el fallo judicial de finales de noviembre pasado que declaró inconstitucional el contrato de concesión de la mina a 20 años prorrogables, «las actividades de extracción, procesamiento y comercialización del mineral han terminado por completo en el proyecto», desarrollado por la empresa Minera Panamá.
Sin embargo, «hay una serie de actividades mínimas de preservación ambiental y gestión segura de las instalaciones que no pueden ser finalizadas de la noche a la mañana, deben ser parte del cierre ordenado del proyecto, para lo cual requieren de insumos y personal para ser llevadas a cabo», señaló.
En estas actividades se enmarca la activación del «plan temporal de preservación ambiental y gestión segura», el cual «cuenta con 5 líneas de acción específicas que tienen que ver, y en este momento es prioritario, la estabilidad física y química del proyecto, sobre todo de ciertas instalaciones prioritarias», dijo el ministro.
En el cierre ordenado y definitivo del proyecto Cobre Panamá, además se desarrollarán auditorías, ambiental y técnica minera, y el Plan de Cierre Final Ordenado y Post Cierre de la mina», este último en una «circunstancia muy particular», porque no se trata de una mina al final de su vida útil, sino al inicio de ella, explicó.
«En escenarios de la terminación de la vida útil de una mina, el proceso de cierre toma entre 6 y 18 meses para elaborarse y hasta 10 años o más para la implementación de dichos planes de cierre. Sabemos que este no es el caso», afirmó Rivera sin más comentarios.
Con la declaración de inconstitucionalidad, basada sobre todo en aspectos ambientales y de protección al derecho a la salud, el contrato, que infringía 25 artículos de la Carta Magna según el fallo judicial, dejó de existir.
FQM ya anunció el inicio de un arbitraje internacional ante una corte con sede en Miami (EE.UU.) y ha mostrado su intención de iniciar otro con base al Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá.
Cobre Panamá es una inversión de 10.000 millones de dólares, cuya operación representaba el 4,8 % del PIB, según datos de la empresa, que comenzó a exportar el mineral en el 2019.
Era la única explotación de este mineral en Panamá y en 2022 fue la decimocuarta mina de cobre más grande del mundo en producción, de acuerdo con los datos aportados a EFE por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés).
Con una nómina de 7.000 empleados directos, más de 2.500 ya se acogieron a un programa de retiro voluntario, informó el pasado fin de semana la empresa, que gestiona el despido de 4.000 personas, de acuerdo con la información disponible.