A 2050 se prevé una reducción del 9% en la planilla estatal.
Por Revista Summa
En su accionar como rector del Empleo Público, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) desarrolla diversos estudios orientados a alcanzar una adecuada gestión, que incide en generar un mayor bienestar en la población.
En este sentido, la Unidad de Empleo Público recientemente emitió dos documentos: “Gestión del empleo y las remuneraciones en el sector público costarricense durante el periodo 2016-2023” y “Tendencias globales del futuro del empleo público: costa rica en el contexto de los países miembros de la OCDE y proyecciones del empleo público costarricense 2023-2030, 2040 y 2050”.
En el primer estudio, se realiza un estado situacional de la gestión del empleo público, así como de las remuneraciones percibidas por los servidores del Estado entre los años 2016 y 2023, periodo en el que se dieron una serie de cambios jurídicos en materia del empleo público, los cuales buscan el beneficio de un ordenamiento en el ámbito fiscal, necesario para reducir las disparidades en cuanto al tipo de trabajo realizado y su respectivo pago por la contraprestación del servicio.
En el documento, se señala que en el periodo 2016-2022 el sector público empleó en promedio el 13,7% de la fuerza laboral costarricense, lo que representa un total de 269.667 personas durante 2022, siendo esta cifra 5,3% mayor a la que existía en el 2016. La proyección a futuro del empleo público costarricense es de 252.422 en 2050, para una reducción de 9% con respecto a 2022, se cita en el segundo estudio.
Con respecto a la participación de hombres y mujeres, se observa un cambio importante en la composición, ya que en 2016 la relación era 52,9% a 47,1%; mientras que para 2022 la relación se revirtió, al ser ahora 43,6% a 56,4%, respectivamente y se prevé que para 2050 las mujeres ocuparían el 68,6% de los puestos del sector público.
Evolución de las remuneraciones en el sector público
El Estado destina el 24% de su presupuesto al pago de las personas funcionarias públicas y en términos nominales, esa cifra ha crecido hasta alcanzar un monto de ¢6.431.088 millones en 2022, aunque el monto dedicado a las remuneraciones se ha incrementado, este monto con respecto al PIB muestra una tendencia a la baja al pasar del 16,4% en 2016 a 14,5% en 2022.
En las conclusiones del estudio se señala la urgencia de reducir las enormes brechas salariales que persisten entre las instituciones del sector público, muchas veces, en condiciones laborales o por funciones idénticas, en beneficio de las dependencias autónomas y en perjuicio de las dependencias del Gobierno Central.
La existencia de diversos sistemas salariales genera costos adicionales a la administración pública y perjudica la transparencia en el uso de los recursos. La remuneración adecuada de los empleados públicos es un aspecto fundamental para la búsqueda de una fuerza laboral motivada que le permita la adquisición de bienes y servicios para su disfrute y para el de todos quienes dependen de este; sin embargo, en la actualidad, no existe una equidad tanto de las condiciones laborales como de sus compensaciones, siendo las mujeres y las personas jóvenes sin experiencia, los más perjudicados.
Tendencias globales del futuro del empleo público
Este estudio se realizó como una manera de llevarle el pulso a las nuevas vertientes del comportamiento del mercado laboral público a futuro y se contextualiza según el desempeño de los miembros actuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual nuestro país forma parte oficialmente desde el 2021.
En el documento se hacen una serie de prospecciones de empleo público para el periodo 2023-2030 y para los años 2040 y 2050, coincidiendo con los años clave analizados dentro del Plan Estratégico Nacional (PEN), el principal instrumento de planificación a largo plazo, esencial para trazar la ruta hacia el progreso económico y social de Costa Rica.
Como parte de las conclusiones de este estudio se señala que es prioritario el mejoramiento de las capacidades de empleabilidad de las personas en desventaja social y de aquellos que viven en las zonas rurales y regiones periféricas del país.
También, alerta sobre el envejecimiento de la población de funcionarios públicos, lo que se considera el mayor riesgo operativo para las instituciones del Estado; además, llama la atención sobre las repercusiones que podría tener la sustitución tecnológica del trabajo humano, haciendo necesario elaborar una estrategia de intervención que considere la diversidad por sexo, nivel educacional, edad y ramas de actividad.