Está previsto que en los próximos días el Congreso vote el proyecto de ley para flexibilizar jornadas laborales, que permitirá a las empresas del sector privado las jornadas 4-3.
Por EFE
Miles de trabajadores marcharon este lunes en Costa Rica para exigir mejores salarios, trabajo digno y para rechazar un proyecto de ley que cambia jornadas laborales y que analiza el Congreso para su votación en los próximos días.
Sindicatos, organizaciones sociales y agricultores se manifestaron este Día del Trabajo en el centro de San José con pancartas, música y gritando consignas en contra de las políticas del Gobierno que para los manifestantes atentan contra los derechos laborales.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, calificó como «increíble» que Costa Rica esté cerca de aprobar por ley jornadas laborales de 12 horas en contra de las conquistas históricas de los trabajadores.
«Es uno de los más grandes sacrilegios, de las más grandes ofensas a la lucha obrera por las 8 horas», expresó a EFE Vargas, quien criticó al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves y a los partidos de oposición que apoyan esa iniciativa.
El líder sindical también señaló como grandes problemas del país el alto costo de la vida, el congelamiento de los aumentos salariales, el debilitamiento del sector agrícola y del ambiental, así como la criminalidad y la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en instituciones del Estado.
Está previsto que en los próximos días el Congreso vote el proyecto de ley para flexibilizar jornadas laborales, que permitirá a las empresas del sector privado las jornadas 4-3, es decir, 4 días de trabajo de 12 horas cada uno por 3 de descanso. Según el texto de la ley, esta jornada será de acatamiento voluntario para los trabajadores.
En la actualidad las jornadas en Costa Rica son de 8 horas diarias y hasta las 48 horas semanales.
Según los sindicatos, este cambio de jornadas permitirá a las empresas esquivar el pago de horas extras y será una carga para la vida de los trabajadores, mientras que el Gobierno considera que será una forma de atraer más empresas extranjeras y generar empleos.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilda Montero, dijo a EFE que la organización aboga por un fortalecimiento de la educación pública y que se respete el presupuesto constitucional asignado al sector.
«La pandemia (de la covid-19) vino a desnudar la crisis tan grande del sistema educativo costarricense. Nosotros queremos a la educación pública porque es la que llega a las personas más desfavorecidas. Por eso también pedimos a la Asamblea Legislativa y al Gobierno respetar el presupuesto en Educación. Si queremos un país digno debemos invertir en educación», declaró Montero.
En la marcha también participaron grupos de campesinos que afirman que las políticas gubernamentales, como es el caso de la liberación de aranceles a la importación de arroz, ha beneficiado a grandes importadores en detrimento de los productores locales.