El país centroamericano tendrá un SOC para reforzar la ciberseguridad nacional
Por Revista Summa
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Paula Bogantes Zamora, recibieron por parte de la embajadora de Estados Unidos, Cynthia Telles, el anuncio de una ayuda económica por US$25.000.000 (veinticinco millones de dólares) para el Gobierno de Costa Rica, que será destinada para reforzar la infraestructura digital del país, específicamente en temas de ciberseguridad.
Destacan como elementos fundamentales del trabajo que se llevará a cabo, la elaboración de una línea base en ciberseguridad, mejora en la capacidad de respuesta institucional ante eventos e incidentes, actualización de Firewalls, licenciamiento y el desarrollo de capacidades forenses, entre otros.
“Desde el Gobierno de Costa Rica continuamos realizando esfuerzos y estableciendo sinergias con socios estratégicos que nos apoyan para identificar y reducir vulnerabilidades y fortalecer nuestras capacidades. De este modo continuamos avanzando en la implementación de la estrategia de ciberseguridad. Esta cooperación se suma al trabajo que impulsamos e implementamos en el MICITT. Estamos muy agradecidos por el invaluable apoyo y acompañamiento que recibimos por parte de los Estados Unidos”, manifestó Paula Bogantes, Ministra del MICITT.
Con esta partida, la Oficina del Ciberespacio y Política Digital del Departamento de Estado de Estados Unidos trabajará de la mano con el MICITT para continuar avanzando en la ejecución de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Como parte del proceso, se brindará licenciamiento y equipos para contar con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), por sus siglas en inglés), en Costa Rica, con el objetivo de fortalecer el monitoreo, prevención, detección, investigación y respuesta a las amenazas cibernéticas.
El MICITT actualmente cuenta con el Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CR), desde donde se coordina con los diferentes poderes del Estado, las instituciones autónomas, empresas y el sector bancario, todo lo relacionado en materia de seguridad informática y cibernética.
Esta cooperación también fortalecerá el trabajo realizado por las personas expertas en seguridad cibernética y de las tecnologías de la información, que actualmente trabajan para prevenir y responder ante los incidentes de ciberseguridad que pueden afectar a las instituciones gubernamentales.