La ley, de 91 artículos, busca crear las condiciones para la transformación tecnológica del agro y la afirmación de su rol como motor del desarrollo económico y social para el país centroamericano.
Por Revista Summa
Panamá dará un gran paso hacia una mayor sostenibilidad de su producción agropecuaria con la sanción de la nueva Ley de Política Agroalimentaria de Estado por parte del presidente Laurentino Cortizo Cohen, y que es considerada un instrumento clave para asegurar al mismo tiempo el desarrollo del sector productivo y el derecho humano a la alimentación de la población panameña.
La legislación fue elaborada tras un proceso de análisis y diálogo participativo con todos los actores del ámbito público y privado del sector que llevó más de dos años y contó con una importante participación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
La ley fue aprobada en octubre por la Asamblea Nacional de Panamá y será puesta en vigencia por el presidente Cortizo junto al ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, el ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios de la Presidencia, Carlos Salcedo, y el Director General del IICA, Manuel Otero, entre otros funcionarios y representantes de organismos internacionales.
El acto se desarrollará en el marco de la LXII Feria Turística y Agropecuaria de San Sebastián de Ocú, en la provincia panameña de Herrera.
El presidente Cortizo invitó especialmente al titular del IICA para acompañarlo en esta ocasión. El organismo internacional especializado en desarrollo agropecuario y rural ha sido un actor importante desde el inicio del extenso proceso de discusión y construcción de la política agroalimentaria volcada en este nuevo instrumento jurídico.
La ley, de 91 artículos, busca crear las condiciones para la transformación tecnológica del agro y la afirmación de su rol como motor del desarrollo económico y social para el país centroamericano. Para ello establece lineamientos que tienen eje en la productividad, competitividad, soberanía alimentaria y seguridad jurídica con un enfoque inclusivo, territorial y sostenible, orientados a la generación de empleos y la promoción de la economía rural.
Agricultura, prioridad del Estado
La norma declara prioridad del Estado la producción agropecuaria nacional por su papel central para la estabilidad social, política y económica del país y como instrumento para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada de la población.
También se fijan los objetivos de fortalecer la política agropecuaria con la incorporación de ciencia y tecnología y de enfrentar los efectos del cambio climático. Se hace hincapié, además, en que la producción agropecuaria es indispensable no solo para la producción de alimentos sino también para la mejora de las condiciones de vida de la población campesina e indígena que vive en las zonas rurales.
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con el de Economía y Finanzas, será el encargado de construir el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural, con una vigencia mínima de diez años, según determina la ley. Algunos de los objetivos que deberán estar incluidos en el Plan son la mejora de las condiciones de vida de los habitantes rurales; la promoción de la competitividad, la gestión eficiente de los territorios rurales y el fomento de la aplicación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Además, se crea un Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria de
Estado, como un organismo de consulta integrado por 27 miembros, 19 del sector privado y 8 del sector público.
Para asegurar la inclusión de las poblaciones más vulnerables, los jóvenes, las mujeres rurales y los agricultores familiares serán considerados de especial atención para todos los instrumentos de políticas agropecuarias, según se estableció.
“Se trata de una ley histórica, que valoriza el papel de la agricultura como actividad central para la seguridad alimentaria de nuestros países, para el bienestar de quienes viven en las zonas rurales y para asegurar la paz social”, dijo Manuel Otero.
El Director General del IICA, quien viajará a Panamá para estar presente junto al presidente Cortizo en el acto de sanción de la ley, agregó: “La Política Agroalimentaria de Estado de Panamá ha sido diseñada después de un profundo y rico proceso de diálogo en el que fueron consultados una gran cantidad de actores, lo que demuestra la importancia de que los gobiernos y el sector privado unan fuerzas para trabajar en conjunto”.
“Panamá –concluyó- ha decidido dar un horizonte de previsibilidad a la agricultura, con políticas que garantizan la sostenibilidad y crean las condiciones para que el sector desarrolle todo su potencial. El IICA se siente orgulloso de ser una parte importante en este proceso, que pone de manifiesto el valor de nuestra institución para el desarrollo rural de los países de las Américas”.