El 15 de diciembre el Gobierno de Laurentino Cortizo ordenó el cese de operaciones de la mina, argumentando que FQM se negó a firmar un nuevo contrato.
Por EFE
La minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) informó este miércoles que se reanudaron las conversaciones con Panamá sobre «el futuro a largo plazo» de una gran mina de cobre que explota su subsidiaria Minera Panamá, cuyo cese de operaciones comerciales ordenó el Gobierno tras no firmarse un nuevo contrato de concesión.
«Apreciamos el compromiso constructivo del Gobierno de Panamá esta semana. La opción preferida para ambas partes es lograr un acuerdo equilibrado que beneficie a todas las partes por muchos años», indicó FQM en un comunicado, en el que precisó que las conversaciones se retomaron el 26 de diciembre y «están en curso».
Por su parte, el Gobierno panameño informó que «aceptó» una solicitud de «reunión» hecha el pasado 23 de diciembre por FQM, y que «ha sostenido reuniones con Tristán Pascall», el CEO de la minera canadiense «y su equipo de asesores en Panamá, a fin de conversar sobre el futuro de la mina Cobre Panamá».
Las partes iniciaron en septiembre de 2021 las negociaciones para un nuevo contrato de concesión y alcanzaron un acuerdo enero de 2022, que incluía elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, «10 veces más» de lo que ha aportado la empresa anteriormente, y el pago de impuestos hasta ahora exentos.
Pero este 15 de diciembre el Gobierno de Laurentino Cortizo ordenó el cese de operaciones de la mina, argumentando que FQM se negó a firmar un nuevo contrato en base al acuerdo de enero.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional mediante un fallo del 21 de diciembre de 2017, pero difundido en septiembre de 2018, la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina, dada primeramente a otra empresa cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá S.A. (MPSA).
La mina Cobre Panamá, es la más grande de Centroamérica, con una inversión de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores.
Comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019. En 2021 el valor de las exportaciones de concentrado de cobre llegaron a 2.813,4 millones de dólares, indicó la empresa, que destacó que, en promedio, este rubro representa el 75 % del valor total de las exportaciones del país.
Esta mina panameña representa el 45 % de la producción total de FQM, que explota otros yacimientos en varios países, de acuerdo con información de la prensa local.
«Las operaciones en Cobre Panamá continúan en este momento sin interrupciones en la producción», dijo este miércoles FQM.
Agregó que se «está trabajando en una serie de pasos para responder a la resolución» del pasado 19 de diciembre del Gobierno que ordena presentar en 10 días hábiles contados a partir de esa fecha un plan de «cuido y mantenimiento», es decir, del cese de operaciones comerciales.
El «impacto y calendario» de dicha resolución «son inciertos», dijo la minera trabaja «con el fin de abordar los complejos aspectos prácticos de la reducción de las operaciones del tamaño y la escala de Cobre Panamá».
El Ejecutivo sostuvo por su parte que la resolución sobre el plan de cuido y mantenimiento está vigente, y fiscaliza su cumplimiento.
La minera confirmó además que «ha iniciado medidas legales cautelares en los tribunales panameños y a través del arbitraje en virtud del Contrato de Concesión existente» y que notificó «su intención de iniciar un arbitraje internacional en virtud del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Panamá».
El Gobierno informó este 24 de diciembre que FQM adelantaba «gestiones para iniciar contra Panamá (…) un arbitraje comercial bajo el contrato de 1997, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia; y un arbitraje de inversión bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá (TLC)».
FQM ha insistido en que «el contrato de Minera Panamá permanece en pie legal» porque fue renovado en el 2017 por un período de 20 años, una tesis que niegan sectores ambientalistas y abogados con el argumento de que el fallo del Supremo anuló la concesión.