El presidente Chaves anunció desde la campaña que trabajaría para eliminar las «pensiones de lujo».
Por EFE
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, informó este miércoles que el Gobierno iniciará un proceso legal para ponerle tope a las pensiones que reciben 81 exdiputados que ejercieron antes de 1995, lo que generaría un ahorro para el Estado de unos 5,5 millones de dólares anuales.
En conferencia posterior al Consejo de Gobierno, el mandatario costarricense indicó que continuará «la lucha contra las pensiones de lujo», por lo que en breve se emitirán las primeras 32 resoluciones sobre los Procesos de Lesividad de exdiputados que reciben pensiones con montos superiores a los 3.982.371 de colones (unos 6.000 dólares).
Estos procesos de lesividad deben ser tramitados por la Procuraduría General de la República ante instancias judiciales.
«Antes de 1995 se les entregaban pensiones a los diputados tras haber terminado su periodo (de 4 años), sin haber cotizado por eso. Existía una ley que ponía tope a esas pensiones, pero no se aplicó a los diputados de antes de 1995, porque ellos tenían un derecho adquirido. El horror de horrores es que ningún gobierno hizo nada ante esa aberración e inmoralidad de utilizar recursos que vienen del pago de impuestos», dijo Chaves.
Las autoridades explicaron que la finalidad de interposición de estos Procesos de Lesividad es que estas pensiones deben ajustarse al tope de la Ley de Pensiones de Hacienda.
«En este momento son 32 lesividades que se han hecho, se comunica a la Procuradoría, quien como abogado del Estado, termina interponiendo los procesos. Yo invito a los beneficiarios de estas pensiones a llegar a un acuerdo con la Procuradoría y ahorrarnos el proceso. Las pensiones de lujo consumen el 10 % del presupuesto nacional», afirmó el viceministro de Trabajo, Luis Paulino Mora.