Las fuerzas vivas de Panamá en general coinciden en reconocer el derecho a la protesta de la población ante la crisis socioeconómica.
Por EFE
Gremios empresariales y la academia pidieron este lunes al Gobierno de Laurentino Cortizo que racionalice el gasto en función de beneficios para la sociedad y cree un plan de emergencia nacional en Panamá, que vive una ola protestas y una huelga docente indefinida en exigencia de la bajada de los combustibles y los alimentos.
Este lunes continuaron en el país las manifestaciones de calle que comenzaron la semana pasada, en medio de la expectativa por un anunciado mensaje a la Nación de Cortizo y del resultado de una mesa de trabajo instalada por el Ejecutivo a la que fue invitada una de las dos alianzas que impulsan la huelga docente y las protestas.
En un comunicado, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) pidió que se promueva «de manera inmediata un gran diálogo nacional», el cual debe «producir la normalización inmediata de las actividades en todo el territorio», habida cuenta de la pérdidas millonarias que están causando, por ejemplo, los bloqueos en la carretera Interamericana, que atraviesa el país y lo comunica con Centroamérica.
«Más allá de la instalación de las mesas de diálogo, que son necesarias (…) tiene que haber una política efectiva de contención del gasto, tiene que haber mucha más transparencia», dijo en una rueda de prensa el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo.
En las manifestaciones se escuchan cánticos contra lo que los ciudadanos considera abusos del poder, como que los funcionarios no rebajaron sus salarios -incluso algunos se los subieron- mientras gran parte de la población perdió sus empleos por la pandemia, el despilfarro de recursos en todos los poderes públicos, las corruptelas y las muestras de opulencia de muchos parlamentarios.
LOS FUNCIONARIOS DEBERÍAN EMPEZAR A VIVIR EN AUSTERIDAD
El Consejo Académico de la estatal Universidad de Panamá dijo en un inusual comunicado que veía con «preocupación la ausencia de medidas gubernamentales efectivas (…) y la total amoralidad de sectores políticos que se aprovechan de las necesidades humanas a través del uso indebido de recursos patrimoniales del Estado que deberían estar destinados a responder a la emergencia social».
Resaltó que en la actual «situación de crisis, resulta inmoral que los ciudadanos deban pagar las cuentas por el uso de celulares» y la gasolina que reciben «gratis los altos funcionarios (…) quienes deberían comenzar a vivir en austeridad».
«Se requiere un alto a la especulación en los precios de los alimentos y los medicamentos. Esas acciones deben asegurar el congelamiento del precio del combustible», dijo el Consejo Académico de la principal universidad de Panamá.
A juicio de la academia, «la agobiante situación debe invitar al Gobierno a crear un plan de emergencia nacional a favor de los desempleados, y a tomar medidas enérgicas contra los evasores de impuestos con el objetivo de ordenar las finanzas públicas y eliminar los onerosos privilegios fiscales que profundizan la brecha de la inequidad».
Las fuerzas vivas de Panamá en general coinciden en reconocer el derecho a la protesta de la población ante la crisis socioeconómica, aunque piden nuevas formas de reclamo que no afecten el libre tránsito, la economía y el derecho a la educación.
Frente al alza del combustible, el Gobierno congeló temporalmente el galón (3,78 litros) en 3,95 dólares para algunos sectores, pero los sindicatos exigen que la medida beneficie a toda la población.
El Ejecutivo también aprobó una compensación económica, de entre 250 y 1.526 dólares mensuales, para los transportistas de carga agrícola tras una huelga de varios días que casi dejó sin el abasto de esos productos a la capital y el país.