Los 84 diputados electos en los comicios del 28 de febrero de 2021 tomaron posesión el 1 de mayo de ese mismo año para el período 2021-2024.
Por EFE
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, cumple este domingo un año de gestión entre críticas y señalamientos de la comunidad internacional por algunas de sus decisiones tomadas, las cuales, a criterio de diversos expertos, han debilitado el Estado de derecho en el país centroamericano.
La destitución de magistrados constitucionales, la aprobación de reformas para cesar a jueces y la adopción del bitcóin como moneda de curso legal han sido algunas de las decisiones del Parlamento fuertemente criticadas.
A continuación se presentan algunas claves del primer año del Congreso:
1. UN TRIUNFO QUE REPRESENTÓ LA CAÍDA DE OTROS
El partido Nuevas Ideas (NI) obtuvo un contundente triunfo en las elecciones legislativas y municipales de febrero 2021 y logró 46 parlamentarios, a los que se suman 10 diputaciones obtenidas en alianza con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha), partido que abanderó al presidente Nayib Bukele para llegar a la Presidencia.
También cuenta con el respaldo de los 5 diputados de GANA, su principal aliado en el Parlamento, con lo que llega a 61 diputaciones de las 84 en el Legislativo.
La mayoría de diputaciones nunca fue antes vista en dicho órgano de Estado, lo que convirtió a NI en la única formación política en la historia reciente del país en lograr esto.
Los 84 diputados electos en los comicios del 28 de febrero de 2021 tomaron posesión el 1 de mayo de ese mismo año para el período 2021-2024 y la nueva composición del Congreso le permite a Bukele gobernar hasta el fin de su gestión sin mayor oposición desde dicho órgano.
NI también restó diputaciones a los partidos opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL, izquierda) que pasaron de tener 37 y 23 parlamentarios a 14 y 4, respectivamente.
Esto representó una caída estrepitosa para ambos movimientos políticos, ya que desde 1994, cuando se celebraron las primeras elecciones municipales y legislativas en la nación centroamericana, sus números no habían sido tan bajos.
2. UN ALIADO ESTRATÉGICO
La formación NI se convirtió en el aliado estratégico del mandatario salvadoreño en el Parlamento al momento de votar por propuestas o solicitudes de Bukele.
La nueva Asamblea ha tomado como cotidianeidad votar dictámenes con dispensa de trámite, es decir sin ningún análisis o estudio parlamentario previo, lo que ha sido fuertemente criticado por la oposición, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades.
«Desde el 1 de mayo del año pasado, me he sentido agradecido por la oportunidad y con el trabajo que se ha hecho. Me siento satisfecho de todos los logros que hemos obtenido y todas las decisiones que se han tomado», dijo en una entrevista televisiva el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
Castro, diputado de NI, afirmó que «todas las decisiones que hemos tomado y las acciones que hemos hecho en esta Asamblea Legislativa han sido basadas en la Constitución».
3. POLÉMICAS DECISIONES
Tras tomar las riendas del Parlamento, el oficialismo en su primera acción votó a favor, a solicitud del presidente salvadoreño, de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general, funcionarios con los Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.
Esta acción fue criticada y rechazada por varios organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Lo anterior también llevó a preocupaciones por parte de la comunidad internacional por la situación del Estado de derecho en El Salvador y la concentración del poder en el Ejecutivo de Bukele y por el aparente irrespeto a la separaciones de los órganos de Estado.
El partido oficialista, con el apoyo de aliados, también votó una reforma para destituir a jueces de 60 años o que hayan cumplido con carrera de 30 años, aprobó una ley para legalizar al bitcóin como moneda de pago y se aprobaron reformas relacionadas con delitos informáticos que estarían perjudicando el trabajo de la prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó de «graves implicancias para la libertad de prensa» en El Salvador debido a las modificaciones al Código Procesal Penal (CPP) para combatir los delitos informáticos que «crean la figura del «agente encubierto digital».
4. RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN Y SANCIONES PARA PRENSA
Recientemente, el Congreso aprobó un régimen de excepción por 30 días para controlar la situación de violencia a atribuida a las pandillas, medida que fue ampliada hasta finales de mayo.
El stado de excepción contempla lo suspensión de los derechos a la libre asociación y reunión, a la defensa y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días. También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.
En este contexto, el oficialismo también aprobó un paquete de reformas que castiga hasta con 15 años de cárcel para quienes reproduzcan o compartan «cualquier manifestación» que aluda al «control territorial» de las pandillas.
Esta última medida ha encendido las alarmas entre el gremio periodístico, que las ha señalado de «reforma mordaza» y de «criminalizar» su labor, postura que organismos internacionales y el Gobierno de Estados Unidos comparten.