Acuerdo, que fue aprobado este lunes por el Tribunal para el Distrito de Columbia (DC), revierte la política implementado el 20 de diciembre de 2019.
Por EFE
El gobierno del presidente Joe Biden restaurará el camino hacia la residencia permanente para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) con órdenes de deportación para resolver una demanda judicial contra una norma establecida por la anterior administración que había bloqueado esta posibilidad.
Dicha política bloqueaba el camino a la residencia permanente a portadores del TPS con orden de deportación, pero que lograron obtener una entrada válida al país con un permiso del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (USCIS, en inglés).
Esta agencia federal acordó remediar dicha decisión, según informó The Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), una de las organizaciones que demandaron a favor de varios inmigrantes.
El acuerdo, que fue aprobado este lunes por el Tribunal para el Distrito de Columbia (DC), revierte la política implementado el 20 de diciembre de 2019 por el entonces director interino de USCIS, Ken Cuccinelli, bajo el gobierno de Donald Trump (2017-2021).
Siete inmigrantes amparados por el TPS respaldados por CLINIC, el Centro de Recursos de Centroamérica (CARECEN) y varios bufetes de abogados demandaron al gobierno argumentando que «la política de USCIS es ilegal en parte porque fue emitida por Cuccinelli, cuyo nombramiento violó la Ley Federal de Reforma de Vacantes».
La querella legal advertía que la decisión de Cuccinelli «potencialmente» afectaba a «decenas de miles de beneficiarios de TPS con órdenes finales de deportación que ahora tienen prohibido ajustar su estado mediante USCIS, a pesar de su salida de Estados Unidos y regreso legal con previo consentimiento de USCIS».
Tras el acuerdo cada uno de los siete demandantes tiene la oportunidad de obtener la residencia permanente, explicó CLINIC en un comunicado.
En este sentido Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC resaltó que «este acuerdo elimina la barrera de una política ilegal creada por un funcionario designado ilegalmente»
Por su parte Abel Nuñez, director ejecutivo de CARECEN advirtió de que la organización trabajará con los miembros de TPS que califiquen bajo el acuerdo para que prosigan con sus procesos de residencia.
«Esta victoria cambiará la vida de las personas afectadas», señaló.