En 2021, Bukele emitió un decreto para que cada 16 de enero se conociera como el «Día de las Víctimas del Conflicto Armado», pero únicamente era vinculante para las instancias del Gobierno.
Por EFE
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha calificado a los Acuerdos de Paz de 1992, que dieron fin a 12 años de guerra civil, como una «farsa» o «pacto de corruptos», lo que a juicio de analistas consultados por Efe es un intento de «imponer su propia narrativa» y borrar los «hitos» de sus opositores.
El Salvador conmemora este domingo el 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 entre la polémica por la derogación en el Congreso de la celebración oficial de la efeméride, que el mandatario rechazó en 2020 y calificó de ser una «farsa».
El grupo parlamentario del partido de Bukele, Nuevas Ideas (NI) que posee la mayoría de los votos, derogó la conmemoración y decidió dedicar el día a las víctimas de la guerra civil (1980-1992).
Fue en el caserío El Mozote -lugar donde el Ejército masacró a unos 1.000 civiles en 1981, donde Bukele dijo que los Acuerdos de Paz son una «farsa», al igual que el conflicto armado interno.
«La guerra fue una farsa (…) mataron a 75.000 personas entre los dos bandos (la guerrilla y el Ejército), incluyendo los 1.000 de (la masacre de) El Mozote, y fue una farsa como lo son los Acuerdos de Paz», señaló.
Y apuntó: «Fueron una farsa (los Acuerdos de Paz). Una farsa, una negociación entre dos cúpulas, pero ¿qué beneficio le trajo los Acuerdo de Paz al pueblo salvadoreño?, fueron firmados el 16 de enero de 1992 y ¿qué ganaron?, ¿qué ganó el pueblo salvadoreño».
Al mencionar dichas cúpulas, sería en referencia a los representantes de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y del Gobierno de la época que estaba en manos de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que actualmente son partidos de oposición.
Según el mandatario, que después de ese momento ya no se ha referido al tema, la firma de la Paz y el armisticio representa un «pacto de corruptos».
En 2021, Bukele emitió un decreto para que cada 16 de enero se conociera como el «Día de las Víctimas del Conflicto Armado», pero únicamente era vinculante para las instancias del Gobierno.
Tras la derogación de los decretos que señalaban la fecha como el «Día de la Paz», el presidente del Congreso y exsecretario de Bukele, Ernesto Castro, señaló que «no estamos en contra de la fecha, sino de la firma de una paz que nunca llegó».
¿BUKELE BUSCA IMPONER SU NARRATIVA?
A juicio de Celia Medrado, excandidata a ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estas acciones pretenden imponer «una sola narrativa, una sola verdad».
«No es nada nuevo que cualquier gobierno de corte autoritario busque imponer su propia narrativa. En el caso de El Salvador se busca que asumamos que hay una refundación del Estado y para ello debe destruirse todo lo anterior», sostuvo en declaraciones a Efe.
«No se dan cuenta que al pretender borrar por decreto una fecha histórica, en la que terminó la confrontación armada, lo que logran es que nos preguntemos que originó esa guerra y encontremos que las causas del conflicto tienen demasiadas similitudes con lo que sucede actualmente», indicó.
Por su parte, Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, dijo a Efe que «el gobierno lo que ha creado es una serie de narrativas donde se realza que lo que está haciendo es por primera vez en la historia, lo más grande de Latinoamérica, lo nunca antes visto».
Agregó que con esto ha tratado de ir «construyendo sus hitos e igual va buscando desaparecer los hitos de los opositores políticos».
«En esa medida, los Acuerdos de Paz se convierten en un hito de la vieja política, como le llaman, y por lo tanto hay que desaparecer del imaginario colectivo a los Acuerdos de Paz como algo positivo», añadió.
La guerra civil salvadoreña se cobró la vida de 75.000 salvadoreños, dejó al menos 8.000 desaparecidos y fue hasta 2016 que se pudieron reabrir causas penales tras la anulación de una ley de amnistía de 1993, que no estaba contemplada en los Acuerdos de Paz.
Una de estas causas penales es la de El Mozote y de la que el Gobierno de Bukele impidió en 2020 la realización de inspecciones judiciales en los archivos militares.