La administración de Tocumen indicó que ya notificó oficialmente a «ASSA Compañía de Seguros, S.A. sobre el incumplimiento de las cláusulas pactadas con el contratista para garantizar la culminación de la obra.
Por EFE
La Constructora Norberto Odebrecht (CNO) S.A. dijo que «no ha incumplido» el contrato para la ampliación del principal aeropuerto de Panamá, cuya administración rescindió el convenio aludiendo a esa causa, lo que a su vez inhabilitó a la constructora en el país.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. AITSA informó el martes de que «ha rescindido el contrato a la empresa CNO, S.A. por incumplimiento de las obligaciones convenidas en el Contrato N°038/12, para la ejecución del Programa de Expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen», un proyecto con coste global de más de 900 millones de dólares.
La CNO dijo en un comunicado que el contrato para la ejecución del Programa de Expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen «continua legalmente en vigencia», destacó que el proyecto «cuenta con un avance constructivo de 99,9 %», y que la «entrega sustancial» de la obra «se completó en febrero de 2020».
«La Terminal está operando. La resolución emitida» por el AITSA el martes «por la que pretende resolver el contrato, carece de fundamento legal y sustento en los hechos».
La constructora brasileña «considera que no ha incumplido el contrato y se mantiene en el sitio de la obra para concluir los escasos y últimos puntos pendientes que, si al momento no han sido concluidos, es por causas no atribuibles a CNO», indicó la empresa en su comunicado.
«AITSA mantiene un retraso en los pagos debidos a CNO, impactando de forma directa la ejecución de la obra», indicó la empresa sin precisar ninguna cifra.
Odebrecht afirmó que «hará valer en tiempo y forma ante las instancias que corresponden sus derechos en relación a la resolución de AITSA», aunque expresó que «desea y espera que el diálogo constructivo en busca de soluciones sea retomado».
«CNO entiende que lo mejor para el proyecto en términos de menor plazo y costo para el Estado es que se permita a CNO continuar ejecutando los escasos pendientes que quedan en la obra», agregó.
La rescisión del contrato por parte del aeropuerto tuvo como efecto derivado la inhabilitación de la para participar «en licitaciones y a contratar con el Estado panameño», dijo el AITSA citando la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública.
La administración de Tocumen indicó que ya notificó oficialmente a «ASSA Compañía de Seguros, S.A. sobre el incumplimiento de las cláusulas pactadas con el contratista para garantizar la culminación de la obra mediante la ejecución de la fianza de cumplimiento y proteger los mejores intereses del Estado».
«En la última Adenda, CNO, S.A. se obliga a entregar a TOCUMEN la obra completamente finalizada al día 30 de septiembre de 2021. No obstante, al día 27 de septiembre se registraron aún 640 elementos pendientes de Ajustes y Complementos, además de otras actividades no ejecutadas que corresponden al Alcance Original del Contrato N°038/12», argumentó Tocumen.
La nueva Terminal 2 (T2) de Tocumen, un edificio de 116.000 metros cuadrados que amplía la capacidad de admisión de pasajeros del aeropuerto de 12 a 25 millones anuales, se comenzó a construir en 2013 y debía estar lista a finales de 2017, pero su entrega se ha ido postergando con la firma de adendas pactadas por el contratista y el Estado.
Odebrecht se adjudicó la obra en una licitación en el 2012 en la que ofreció el precio más bajo, 679 millones de dólares, pero la obra ya superó los 900 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial.
Odebrecht protagonizó el escándalo de corrupción más grande del continente y admitió ante las autoridades de EE.UU. haber pagado millones en sobornos en una docena de países, casi todos en Latinoamérica, y se le impuso una multa de 2.600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la compañía se comprometió a pagar en un plazo de 12 años una multa de 220 millones de dólares al Estado.
Este 2021 la Fiscalía pidió llamar a juicio a 50 personas por el caso Odebrecht, entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).