FAO analiza siete ejemplos claros que muestran que una agricultura sostenible en América Latina y el Caribe es posible.
Por Revista Summa
¿Cómo pudieron ganaderos de Ecuador aumentar en un 40 % sus ingresos y reducir en un 20 % sus emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo fue posible que agricultores de Uruguay disminuyeran en un 70% su uso de pesticidas? ¿Y cómo pudo una iniciativa de energía limpias en la agroindustria de México evitar la emisión de 6 millones de toneladas de carbono, mejorando las condiciones laborales de sus trabajadores y la salud ambiental de las comunidades aledañas?
Una nueva publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) responde estas preguntas y analiza siete experiencias de transformación en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y el Caribe.
Hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe muestra –con ejemplos concretos– cómo pasar de buenas prácticas a políticas públicas, y cómo alinear los objetivos ambientales con una producción agrícola eficiente y socialmente inclusiva.
“Ahora más que nunca es fundamental aprovechar las inversiones que requerirá la reconstrucción luego de la pandemia para avanzar en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de la huella ambiental de la agricultura”, dijo el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué,
Siete casos exitosos
En Ecuador, un proyecto de ganadería climáticamente inteligente implementado en más de 800 fincas permitió que 1.056 ganaderos incrementaran su producción de leche, aumentaran sus ingresos y mejoraran la calidad de los suelos en 40 mil hectáreas. El proyecto evitó la emisión de 24 mil toneladas de gases de efecto invernadero gracias a técnicas como el pastoreo rotativo y la producción de compost para pastos. Además, los ganaderos aprendieron a producir sus propios piensos, y también aplicaron herramientas digitales para monitorear sus emisiones de GEI.
En México, un proyecto de fomento de tecnologías eficientes y bajas en emisiones en la agricultura y la agroindustria permitió que 1.842 agronegocios –principalmente fincas de ganado de vacuno, porcicultura y avicultura, centros de procesamiento de carne e industrias agroprocesadoras– redujeran sus emisiones netas de GEI en 6 millones de toneladas de CO2 eq, además de producir energía a partir de biomasa.
En Uruguay, un proyecto de buenas prácticas y alternativas al uso de plaguicidas trabajó con más de 2.000 técnicos y productores, y demostró que es posible reducir hasta en un 70% el uso de herbicidas en un ciclo de producción de soja, sin afectar en nada el rendimiento y sin aumento de costos, lo que supuso –para los casos evaluados– un ahorro de US$40 por hectárea, en promedio.
En Chile, los Acuerdos de Producción Limpia permitieron a 340 miembros de la agricultura familiar de la región de El Maule aumentar en 15% sus beneficios económicos, reduciendo su uso de energía, sus emisiones de GEI, sus residuos y uso de plaguicidas, además de mejorar el uso del agua y del suelo.
En Guatemala y Colombia, un proyecto de manejo forestal comunitario permitió impulsar la conservación de los bosques, generar empleo y aumentar la inversión en desarrollo social y productivo. En Guatemala participaron 1.233 familias en 350 mil hectáreas de la Reserva de la Biósfera Maya en Petén, mientras que en Colombia participaron 25 comunidades y dos asociaciones madereras.
Un proyecto de gestión sostenible de las pesquerías de arrastre en Brasil, Surinam y Trinidad y Tobago, permitió reducir en hasta 36% la pesca no intencionada gracias a nuevas redes y tecnología, protegiendo a especies amenazadas, como tortugas y rayas, y disminuyendo su impacto ambiental.
En Colombia, mesas técnicas agroclimáticas permitieron que un gremio bananero en Magdalena y La Guajira redujera en 15% sus pérdidas por efectos climáticos y un 25% en su uso de fertilizantes por hectárea.
Todos estas iniciativas muestran que no es necesario elegir entre crear empleo y cuidar el medioambiente, o entre la necesaria transformación sostenible de la agricultura y la reactivación económica post pandemia, porque los proyectos y políticas ambientales también generan múltiples beneficios económicos y sociales.