Complejo gubernamental de 153.000 m2 albergará 8 edificios y 16 instituciones públicas.
Por Revista Summa
Este jueves, se presentó el estudio de factibilidad del proyecto Ciudad Gobierno, complejo arquitectónico que dotará de infraestructura propia a 16 instituciones estatales, de manera que ofrezcan servicios integrados, generando un ahorro al Estado de $357,8 millones.
Ubicado en las inmediaciones de Plaza González Víquez y la Estación al Pacífico, en San José, Ciudad Gobierno constará de ocho edificios. En total, tendrá 153.000 m2 construcción, de los cuales 117.500 m2 serán oficinas, 32.000 m2 parqueo y 3.500 m2 área comercial.
La presentación del complejo gubernamental estuvo a cargo de la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Pilar Garrido Gonzalo; el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), José Manuel Sáenz Scaglietti; el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, en una conferencia de prensa virtual, donde también participó Francisco Javier Urra, jefe de Operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Costa Rica.
El estudio de factibilidad -realizado en seis meses gracias a una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- garantiza un proyecto que maximiza los recursos y aplica innovadores estándares para hacerlo exitoso, basado en parámetros internacionales.
Como producto final, el Gobierno tiene los modelos urbanísticos, legales, financieros y de impacto ambiental para licitar el proyecto –el segundo semestre de este año- que se realizará mediante una concesión de obra con servicios públicos por iniciativa pública.
“Ciudad Gobierno es un proyecto estratégico y de múltiples beneficios para Costa Rica. No solo permitirá que el dinero que invierte el país en alquileres se oriente a adquirir infraestructura propia, sino que tiene un amplio potencial para la reactivación económica”, explicó Pilar Garrido Gonzalo, ministra de MIDEPLAN.
La jerarca detalló que “solo en la etapa constructiva podrá generar alrededor de 600 empleos y durante su periodo de ejecución, dados los encadenamientos productivos que genera, tiene potencial de propiciar hasta 3.044 empleos en la economía nacional. Gracias a la cooperación del BID, avanzamos con un proyecto que traerá grandes beneficios y se comenzará a pagar hasta que esté construido”, exclamó.
¿Qué es Ciudad Gobierno?
Es un proyecto que nació en 2014 para dotar a un grupo de instituciones estatales de infraestructura propia, ajustada a sus necesidades y que permita prestar servicios públicos de manera concentrada, en un mismo complejo arquitectónico. Actualmente, incluye 16 instituciones y se considera prioridad para el ordenamiento urbano de la capital y para la eficiencia fiscal.
“Ciudad Gobierno permitirá que las instituciones sean más accesibles a la población y, por ende, que brinden servicios de mejor calidad. Ya tenemos todos los estudios para desarrollar el proyecto en la zona donde se encuentra actualmente el MOPT. Una vez construido, el país podrá destinar los recursos que actualmente eroga por concepto de alquileres al pago de su propia infraestructura”, comentó el ministro Méndez Mata.
En los 8 edificios laborarán 9.000 personas; se estima que un 20% de la población total de personas funcionarias trabajará en modalidad de teletrabajo. Anualmente, a esas instituciones asisten alrededor de 70.000 personas usuarias cuyo desplazamiento para hacer trámites interinstitucionales podrá reducirse.
“Ciudad Gobierno tiene el potencial de contribuir a una ciudad más sostenible, inclusiva y con menor huella de carbono, al tiempo que responde a las necesidades de la función pública para servir mejor a los ciudadanos y considera las restricciones de gasto público que enfrenta el país”, comentó Fernando Quevedo, Representante del BID en Costa Rica.
Modelo de contratación
El proyecto se realizará mediante una concesión que se abrirá a licitación pública en el segundo semestre de este año. El concesionario se encargará del diseño a partir de los lineamientos que se proveen en la licitación; también del financiamiento, la construcción, operación y el mantenimiento del proyecto. Eso traslada riesgos al sector privado y optimiza su capacidad de innovar.
Las primeras obras podrían estar listas en 2025. En ese momento, las instituciones incluidas se trasladarán y dejarán de tener gastos por alquileres. Ese gasto se destinará al denominado pago de la tarifa por disponibilidad, que cubre el uso de los inmuebles y todo lo relativo a operación y mantenimiento, cumpliendo con estrictos estándares de servicio que debe ofrecer y mantener el concesionario.
Al cabo de los 30 años de la concesión, se recibirán los inmuebles en perfectas condiciones y se habría ahorrado aproximadamente US $357,8 millones al Estado. También habrá ahorro en los años siguientes en los que solo se invertiría en su operación y mantenimiento.
En un modelo de contratación convencional (por obra pública), el Gobierno asumiría la operación y el mantenimiento durante todo el tiempo de vida del proyecto, así como el pago del préstamo, los sobrecostos y atrasos en la construcción. Pero, bajo el esquema propuesto, el Gobierno paga por disponibilidad, o sea, hasta que la infraestructura esté 100% concluida y en operación y el concesionario cumpla con los estándares de servicio y mantenimiento convenidos contractualmente. Esto le da un impacto fiscal neutro al convertir el pago por alquileres en el pago de la tarifa por disponibilidad.
En el estudio de factibilidad, el modelo propuesto fue validado mediante un test de mercado y tuvo aceptación positiva entre las empresas consultadas, dado que tiene cualidades que lo hacen muy atractivo al sector privado y tiene riesgos que pueden ser asumidos por el privado. En tal validación participaron firmas con experiencia en edificaciones públicas en América Latina, grupos financieros locales e internacionales y empresas constructoras.
“La Institución se siente muy complacida y fortalecida con este proyecto. Estamos en la procura buscar más proyectos de concesión que aporten al portafolio con el afán promocionarlos e impactar positivamente en la economía nacional y la calidad de vida de los costarricenses”, indicó José Manuel Sáenz, Secretario Técnico del CNC.
Un proyecto fiscalmente responsable
Anualmente, las instituciones contempladas en el proyecto presentan gastos asociados a los edificios que rondan US $42,5 millones, incluyendo el alquiler, la operación y el mantenimiento. De no ejecutarse este proyecto, el gasto durante 30 años por dichos rubros sería de US $2.841,4. Aunado a ello, el gasto sería en edificios alquilados y dispersos en San José, lo que provoca costos de desplazamiento.
Con Ciudad Gobierno, los recursos mencionados destinados a los edificios actuales se dedicarán al pago por disponibilidad de los edificios nuevos, con un beneficio financiero para el Estado de US $357,8 millones durante los 30 años de la concesión. Los ahorros comienzan a incrementar desde el año 2026, cuando alcanza US$1,5 millones y crece hasta US$49,9 millones en el último año de concesión.
“Ciudad Gobierno le permitiría al Estado no pagar muchos arrendamientos, estar en sus propios edificios y dedicar esos montos a mejorar la calidad de los servicios y de las instalaciones, en beneficio de las personas usuarias”, aseguró Elian Villegas, ministro de Hacienda.
Modernizar la ciudad y reactivar la economía
Este proyecto también mejorará el conjunto urbanístico de la capital con edificaciones descarbonizadas, que aprovechan las energías renovables y son bioclimáticamente eficientes. A su vez, la construcción generará un dinamismo económico en la capital.
Una vez finalizado, vecinos y visitantes de la ciudad de San José podrán aprovechar los espacios públicos para actividades recreativas y se habilitarán espacios comerciales que le den dinamismo económico a la zona y propicien nuevas ofertas de servicios, comercio, habitación, recreación, amenidad, deporte y cultura.
El proyecto integra facilidades para el uso de transporte público, diseño de paisaje e iluminación exterior, islas de vegetación, una ciclovía, activación de zonas peatonales, un anfiteatro y la presencia de comercio. Propone crear un lugar vivo con actividad a toda hora, lo cual permitirá reducir la inseguridad en el área de influencia.
