Un marco más amable con el usuario y 100% digital se abre paso en el país para facilitar el cobro y pago de impuestos, proyectado para arrancar en el 2022.
Por Luis Solís
Pagar impuestos se ha vuelto muy complejo en el ecosistema costarricense. No existe interoperabilidad entre los sistemas de Hacienda y otras instituciones del Estado, lo cual genera duplicidad de información. Además, coexisten 59 sistemas internos de información no integrables, afectados por obsolescencia y rigidez, que alcanzan en algunos casos 26 años de antigüedad, con altos costos de mantenimiento y operación. Invertir a futuro en ellos ya no generaría ningún valor a los ciudadanos, ni mejoraría la labor de recaudación y administración financiera.
Este contexto dio pie a la aprobación de la Ley de Hacienda Digital, orientada a modernizar el entorno institucional y operativo, mediante la digitalización de los sistemas del Ministerio de Hacienda, para facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto y facilitar la gestión de la deuda. Incluye la transformación cultural de la institución para que se trate al usuario como el cliente que permite al país avanzar y desarrollarse.
El proyecto se implementará por fases y cuenta con el apoyo económico del Banco Mundial, el cual autorizó un crédito por US$156 millones (equivalente al 0,25% del PIB), con una tasa de retorno de 142% por mejoras en la eficiencia y en los ingresos adicionales. Las prime- ras pruebas están previstas para el 2022. “Con la modernización y digitalización total de los sistemas de Hacienda, con un servicio real 24/7, se busca desarrollar un modelo tecnológico y de recurso humano centrado en las personas, para facilitarles el pago de impuestos y la protección de sus datos, eliminar la duplicidad en la entrega de información y la obligación de presentar papeles o hacer filas. También busca reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto, facilitar la gestión de la deuda y, en fin, brindar a la ciudadanía la mejor atención posible”, señala Alicia Avendaño, directora de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda.
Mejora para el contribuyente
Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, apunta que el sistema actual es complejo y eleva el costo del cumplimiento a los contribuyentes. Según dice, “muchos de los formularios están diseñados para un excesivo control y no para facilitar la tarea a la gran mayoría de contribuyentes que cumplen con su declaración y pago de impuestos”.
Para él, de materializarse los objetivos del proyecto, uno de los cambios más importantes es que se facilitará y reducirá el costo de declarar y pagar impuestos, mientras que la modernización tecnológica en aduanas permitirá reducir los costos para los usuarios y menores tiempos de despacho de las mercancías. Carlos Vargas, CEO de TPC Group, añade que se implementarán procedimientos administrativos electrónicos y el uso obligatorio de ciertas plataformas que permitirán acceder en línea a los expedientes que sean presentados por los contribuyentes. Paralelamente, se establecerá la presentación virtual de las declaraciones de impuestos en forma interconectada a una gran base de datos del Ministerio de Hacienda.
Más control por parte de Hacienda
Otro de los puntos del proyecto es que le permitirá al Ministerio de Hacienda, tener más control de lo que ingresa y gasta cada contribuyente. Vargas comenta que las personas deberán tener un mayor nivel de diligencia y minuciosidad en cuanto a la información que presenten, ya que esta estará digitalizada, lo cual permitirá a la Administración Tributaria realizar cruces y se espera un mayor nivel de fiscalización.
El llamado fenómeno “temor a Dios” es para José Luis Arce, director de FCS Capital, el gran plus de la modernización de los sistemas tributarios: “Las nuevas herramientas que dispondrá el Ministerio de Hacienda para fiscalizar harán que los contribuyentes procuren declarar correctamente sus impuestos al saber que alguien los está observando y que cuenta de antemano con los datos y mecanismos para corroborar la transparencia de su acción y penalizar si detecta incumplimientos”. Sin embargo, aún cuando las herramientas son las adecuadas, estima que no se podrá erradicar la evasión ni llevar a cero el déficit fiscal (en noviembre de 2020 llegó a 7,7% del PIB).
“Lo máximo que podría aumentar la recaudación es un 1% o 1,5%, en el transcurso de tres años. Ojalá pudiéramos arreglar nuestro gran problema fiscal con solo instaurar este proyecto, pero no es tan fácil. Siempre habrá muchas personas que encontrarán las formas para seguir incumpliendo con sus obligaciones tributarias”, resalta.
