El Gobierno de Giammattei entró en crisis el pasado 18 de noviembre con la aprobación de un polémico presupuesto por parte del Congreso.
Por EFE
Decenas de guatemaltecos se manifestaron este sábado por cuarta semana consecutiva en contra del Gobierno y el Congreso y con la exigencia de la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei y más de 115 diputados aliados al oficialismo.
En esta ocasión la protesta se celebró con menor intensidad que en manifestaciones anteriores, en las que llegaron a ser cientos los manifestantes y más de 10.000 personas en el caso de la primera protesta del 21 de noviembre, cuando estalló la indignación de muchos ciudadanos por la reciente -y posterior fallida- aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del Estado.
Con un festival de música en el que participaron artistas como la cantautora maya kaqchikel Sara Curruchich, la presión se mantuvo bajo la consigna de «renuncien ya» los responsables de la «corrupción sistémica», como se leía en las pancartas desplegadas en el parque central de la Ciudad de Guatemala.
También en otras plazas se celebraron manifestaciones este sábado, como en Quetzaltenango, a unos 200 kilómetros al oeste de la capital, la segunda ciudad más grande del país.
La Policía Nacional Civil también volvió a desplegar cientos de agentes desarmados que protegieron en fila todo el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura (oficina de Gobierno).
Además de la música de la protesta, la Policía también desplegó su grupo musical que tocó con trompetas y marimbas.
En la primera manifestación, del 21 de noviembre, mientras la protesta se desarrollaba pacíficamente con más de 10.000 ciudadanos en la plaza central, a menos de un kilómetro de distancia encapuchados quemaron algunas partes del Congreso.
Esa noche, la fuerza pública detuvo a más de 30 personas minutos después de la quema, sin lograr comprobar su participación en los hechos vandálicos. Todos fueron liberados la madrugada y días siguientes alegando haber sido detenidos por el hecho de estar en la manifestación.
Además, la policía lanzó gases lacrimógenos en el parque central, donde se manifestaban pacíficamente familias completas, niños y ancianos.
A la semana siguiente, en otra protesta pacífica, supuestos infiltrados llevaron un autobús de transporte público a la esquina y lo quemaron, para luego enfrentarse a policías antidisturbios que no evitaron la quema del vehículo y solo detuvieron a dos participantes.
El jueves pasado también se manifestaron estudiantes y autoridades indígenas y además de la renuncia de Giammattei y el vicepresidente, Guillermo Castillo, pidieron la dimisión de la fiscal general, Consuelo Porras, acusada de aliarse al llamado «pacto de corruptos».
LA CRISIS DEL GOBIERNO
El Gobierno de Giammattei entró en crisis el pasado 18 de noviembre con la aprobación de un polémico presupuesto por parte del Congreso, donde tiene mayoría con partidos aliados, que provocó la ira de la población y que dio paso a varias protestas.
A ello se sumó la petición del vicepresidente, Guillermo Castillo, quien instó el 20 de noviembre a Giammattei a que renunciaran en conjunto ya que el país no se encontraba «bien».
La crisis política hizo que Giammattei invocara el 22 de noviembre la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), un instrumento jurídico aprobado en 2001 que busca preservar «la institucionalidad democrática» en el continente mediante la organización continental.
Debido a ello, la OEA envió una misión al país durante cinco días y la misma dictaminó el 4 de diciembre en un informe preliminar que se deben tomar «medidas específicas» sobre ciertos temas de preocupación para la sociedad, como la corrupción y la impunidad.
Ese mismo día, el presidente y el vicepresidente pusieron fin a sus disputas, mientras que el gobernante anunció el cierre de la comisión de Centro de Gobierno, señalada por expertos por haber duplicado (y opacado) las funciones de la vicepresidencia.