La Unión Europea, que antes del conflicto compraba en Rusia el 40 % del gas que consume, ha reducido esa dependencia hasta caer por debajo del umbral del 10 %.
Por EFE
La Unión Europea (UE) afronta un 2023 difícil en el ámbito del aprovisionamiento de gas, en un contexto económico ya deteriorado, con tambores de recesión al ritmo de una inflación galopante, unos precios energéticos desorbitados y subidas de tipos de interés decretadas por el Banco Central Europeo (BCE).
Las dificultades económicas que atraviesa la UE están en gran medida marcadas por el pulso energético con Rusia, que desde la invasión de Ucrania ha ido limitando o cortando el bombeo de gas al club comunitario mientras Bruselas acusa a Moscú de manipular los precios y utilizar la energía como «arma de guerra».
La Unión Europea, que antes del conflicto compraba en Rusia el 40 % del gas que consume, ha reducido esa dependencia hasta caer por debajo del umbral del 10 %, a cambio de convertir a Noruega en el primer suministrador de la UE y de pagar precios desorbitados por entregas de gas natural licuado (GNL) de países como Estados Unidos, Nigeria, Azerbaiyán o Catar.
Ese contexto ha propiciado algunas decisiones rápidas para prepararse para el presente invierno, como planes de ahorro de energía o acelerar el llenado de los depósitos de gas, así como recuperar parte de los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.
Pero lo que preocupa es la situación energética en 2023, un año que según la Agencia Internacional de la Energía podría ser más complicado que el 2022, que fue un año cálido, todavía con abundantes flujos de gas ruso y una economía china confinada y consumiendo poco gas.
Todo eso podría cambiar en el año entrante y por eso la UE se está preparando para hacer frente a las turbulencias que puedan venir. Preocupa en particular el invierno 2023-2024.
El miedo ahora en Bruselas no es tanto superar el presente invierno, que la UE afronta con los depósitos llenos y tras un otoño relativamente cálido, sino asegurarse de poder llenar las reservas para no pasar apuros de cara a la siguiente temporada de frío, y que no tendrá que pagar el gas a precios imposibles.
Los depósitos no deberían de haber bajado mucho más del 40 % de su capacidad al final de este invierno para que los países tengan margen suficiente para recargarlos, según los cálculos de la Comisión, aunque en paralelo se espera que los Estados miembros vayan inaugurando varias terminales para absorber GNL que proporcionarán cierto alivio a hogares y empresas.
Los Veintisiete han conseguido cerrar, «in extremis», una compleja negociación para establecer un precio máximo a las compras de gas en los contratos mayoristas, que será de 180 euros el megavatio-hora siempre que se dé además una diferencia de más de 35 euros respecto a otros mercados internacionales de GNL.
Los socios comunitarios también han aprobado un sistema para empezar a comprar algo de GLN conjuntamente, y negociar contratos más baratos, y se han comprometido a ser solidarios entre ellos si escasean los envíos.
PERSPECTIVAS DE RECESIÓN
El incierto escenario energético llega tras una primera mitad de 2022 mejor de lo esperado por la reactivación tras la pandemia de coronavirus y pese al impacto de la guerra rusa contra Ucrania.
El conflicto encareció la energía, los alimentos y las materias primas, lo que favoreció en el tercer trimestre un frenazo del PIB. El golpe fue menor de lo esperado, pero se agravará hasta llevar a la recesión técnica en el primer trimestre de 2023, según las previsiones de la Comisión Europea.
Más allá de la contracción del 0,1 % del PIB que vaticina Bruselas al inicio de año, el principal reto para el bloque es una inflación que ha alcanzado niveles récord, superando el 10 % en noviembre en la eurozona, afecta ya a toda la cesta de la compra y solo tiene visos de moderarse a lo largo del próximo ejercicio.
Este escenario ha obligado a los Gobiernos a tomar medidas para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de empresas y hogares, ya sea con bajadas del IVA del gas y la electricidad, ayudas directas para pagar la factura de la luz o la gasolina o líneas de liquidez para algunas empresas, con un coste para las arcas públicas del 1,3 % del PIB en lo que va de año.
Esta estrategia continuará en los próximos meses y los Gobiernos no deberían poner palos en las ruedas con sus políticas presupuestarias, según les han advertido tanto Fráncfort como Bruselas, que les piden ser más selectivos a la hora de otorgar ayudas y les afean que la mayoría de las adoptadas hasta ahora -en torno a un 70 %- han sido demasiado generalizadas.
En los próximos meses, ha reconocido el Eurogrupo, se tratará de adoptar acciones temporales y más enfocadas en los hogares y empresas vulnerables para apoyarles, pero sin desincentivar la reducción de la demanda energética o hacer descarrilar unas finanzas públicas ya deterioradas a raíz de la pandemia.
«Si estas medidas se prolongasen para todo 2023, esto agravaría el déficit en un 2 % en general entre los Estados miembros, así que lo que estamos pidiendo es hacerlas más específicas y no sólo prolongar lo que ya está», dijo hace unos días en la Eurocámara el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.