Estados Unidos catalogó como un «paso atrás» para la democracia la reelección de Porras.
Por EFE
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) aseguró este jueves que la reciente reelección de la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, pone en riesgo los derechos humanos en el país centroamericano.
La entidad aseveró en un comunicado que el nombramiento de Porras por parte del presidente guatemalteco, Alejandro Giamattei, podría ser el «golpe final» para el Estado de Derecho, en palabras de la directora para América de la organización, Tamara Taraciuk Broner.
«La decisión de Giammattei de reelegir a Porras como fiscal general pone en serios riesgos los derechos humanos y el Estado de Derecho en el país», apostilló HRW en la nota de prensa.
El pasado lunes, el mandatario reeligió a Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público para el periodo 2022-2026, pese a que en septiembre pasado fue sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de «obstruir» la Justicia.
La sanción contra Porras llegó después de que en julio la fiscal general y jefa del Ministerio Público removiera de su cargo al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien imputó por corrupción a más de 200 personas de alto perfil entre empresarios y funcionarios, entre 2014 y 2021.
El martes, Estados Unidos catalogó como un «paso atrás» para la democracia la reelección de Porras, a la vez que anunció la prohibición de entrada en el país de su familia por su implicación en actos de corrupción.
De acuerdo con el comunicado de HRW, la actual fiscal general guatemalteca ha «creado casos criminales arbitrarios en contra de periodistas, jueces y fiscales».
El miércoles, el Reino Unido también expresó su «preocupación» por la reelección de Porras, quien se ha defendido argumentando que siempre ha actuado «de acuerdo con la ley» y ha implorado también por la «independencia» del Ministerio Público ante cualquier injerencia extranjera.
LA ELECCIÓN DE GIAMMATTEI
Giammattei designó a Porras de un listado de seis candidatos compuesto además por los abogados Néctor de León Ramírez, Darleene Monge Pinelo, Gabriel García Luna, Henry Elías Wilson y Jorge Luis Donado Aguilar, este último el actual procurador general de la nación (PGN).
El listado de seis candidatos fue definido por una Comisión de Postulación conformada por los decanos de las universidades del país y otras autoridades como la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en un proceso criticado por diversos sectores por supuestas «irregularidades».
Al menos 15 operadores de Justicia guatemaltecos, entre ex fiscales anticorrupción y jueces de alto impacto, se encuentran exiliados por la presunta persecución judicial por parte de Porras, según han denunciado públicamente desde el exterior.
HRW instó a otras naciones a «condenar» la reelección de Porras y a «sancionar» a los individuos, incluidos los que «pertenecen al sector privado», que están «socavando el Estado de Derecho» en Guatemala.