Analistas coinciden en que la habilidad para el diálogo político debe ser una de las cualidades para el nuevo presidente de Costa Rica.
Por EFE
Costa Rica, una de las democracias más sólidas y longevas de América Latina, se encamina a la elección de un nuevo presidente que tendrá como grandes retos estabilizar la economía con la implementación o no de un polémico acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, así como recuperar la credibilidad de la población tras sonados casos de corrupción en proyectos de obras públicas.
El próximo domingo 3,5 millones de costarricenses estarán convocados a las urnas para elegir al presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026, en medio de un ambiente de elevada indecisión entre los votantes (41 %) y de preocupación por la corrupción y la economía.
CORRUPCIÓN, EL MAYOR PROBLEMA DEL PAÍS
Una encuesta publicada en noviembre pasado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica reveló que la corrupción es la principal preocupación de los costarricenses con un 23,7 %, seguida por el desempleo (20,1 %), el costo de vida y la situación socioeconómica (17,3 %), y la mala gestión del Gobierno (11,2 %), entre otras.
El 2021 fue un año particular para Costa Rica, pues se destaparon dos casos grandes de presunta corrupción en la licitación de obra pública.
El primero ha sido llamado por las autoridades judiciales como «cochinilla», por el cual se encuentran en prisión preventiva Carlos Cerdas y Mélida Solís, dos poderosos empresarios de las grandes compañías contratistas del Estado en obra pública, MECO y H.Solís, respectivamente.
El pasado 14 de junio las autoridades judiciales detuvieron a 30 personas entre empresarios de varias empresas de la construcción y funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ente adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y que es el encargado de los proyectos de obra pública en el país.
El caso abarca desde el supuesto pago de sobornos a funcionarios del Conavi hasta el aparente desvío de fondos públicos de una obra de infraestructura hacia otra para beneficiar contratistas.
Aun con este caso fresco, la sociedad costarricense observó cómo en noviembre las autoridades judiciales detuvieron a siete alcaldes de varias zonas del país, incluido el de la capital, San José, Johnny Araya, como sospechosos de recibir regalos y sobornos por parte de las empresas constructoras MECO y Explotec a cambio de favores en la adjudicación de contrataciones.
Los alcaldes se encuentran en libertad pero fueron suspendidos de sus cargos por seis meses mientras avanza la investigación.
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL FMI
Tras violentas protestas en el 2020, a inicios del 2021 el Gobierno de Costa Rica suscribió un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares y se comprometió a una serie metas económicas de reducción de gasto y aumento de ingresos.
La oposición ha bloqueado en el Congreso el principal proyecto de ajuste del gasto, que es una reforma al sistema de empleo público al que también se oponen los sindicatos.
Analistas coinciden en que la habilidad para el diálogo político debe ser una de las cualidades para el nuevo presidente de Costa Rica.
El analista José Arce dijo que «el país necesita el convenio con el FMI» y que los actores políticos deben comprender que «la sostenibilidad fiscal es la base para impulsar otras políticas públicas».
«El convenio con el FMI va a estar en el congelador algunos meses. El momento de discusión ha sido poco apropiado porque son temas complejos que tocan muchas sensibilidades, en medio de una campaña electoral, un Gobierno débil y dubitativo desde el punto de vista político que perdió mucho tiempo», comentó Arce.
En la campaña electoral la mayoría de los candidatos se han pronunciado en contra de más impuestos y han anunciado que propondrán una renegociación del convenio al FMI para impulsar la reactivación de la economía.
Costa Rica cerró el año 2021 con un déficit fiscal de 5,18 % del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda asciende al 70,3 % del PIB.
Otros retos que deberá enfrentar el nuevo presidente de Costa Rica son el narcotráfico y la violencia que este flagelo genera, el desempleo que se ubica en un 14 % y la pobreza que afecta al 23 % de los hogares.