El Gobierno de Laurentino Cortizo y la empresa comenzaron a negociar el nuevo contrato en septiembre de 2021.
Por EFE
El Gobierno de Panamá ordenó este jueves el «cese de operaciones» de una gran mina de cobre, un proyecto de cerca de 10.000 millones de dólares según la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), luego que las partes no lograron un acuerdo para la firma de un nuevo contrato de concesión.
El Consejo de Ministros aprobó una resolución en la que instruye al titular del Ministerio de Comercio e Industria «a adoptar medidas administrativas de conformidad al Código de Recursos Minerales para ordenar a Minera Panamá (subsidiaria de FQM) que establezca un plan de preservación y gestión segura, es decir, cese de operaciones», indicó un comunicado del Gobierno.
Al titular del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) se le ordena adoptar las medidas para que supervise, controle y fiscalice el cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto minero.
Y el Ministerio de Trabajo (Mitradel) deberá supervisar, velar y verificar «el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la relación laboral existente entre los trabajadores del proyecto Cobre Panamá y la empresa Minera Panamá S.A., y tomar las acciones que sean requeridas y necesarias para garantizar el mantenimiento de la fuente de empleo y la protección de prestaciones laborales de los trabajadores del mencionado proyecto minero».
Esta Resolución 144-22, aprobada de manera unánime por el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este jueves para tratar este asunto, «entrará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial», lo que ocurrió hoy mismo.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró, mediante un fallo del 21 de diciembre de 2017 y difundido en septiembre de 2018, inconstitucional la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina, dada primeramente a la ya extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá S.A. (MPSA).
El Gobierno de Laurentino Cortizo y la empresa comenzaron a negociar el nuevo contrato en septiembre de 2021 y en enero pasado se anunció un acuerdo entre las partes, que multiplicaba las regalías al Estado y generaba más entradas por el pago de impuestos, que sin embargo nunca llegó a concretarse con una firma.
Elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, la garantía de un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, «10 veces más» de lo que ha aportado la empresa anteriormente, el pago del impuesto sobre la renta (ISLR) con una tasa del 25 %, y la retención del impuesto para los pagos por intereses bancarios y de dividendos, son puntos incluidos en el acuerdo anunciado a inicios de este año.
«Casi un año después vemos que Minera Panamá no ha cumplido los compromisos acordados en enero de 2022. Eso no es aceptable para mí, como presidente, tampoco para el Gobierno ni para el pueblo panameño», expresó Cortizo en una alocución nacional, en la que habló de «medidas administrativas» sin mencionar el «cierre de las operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá», como sí publicó en su cuenta de Twitter.
El Gobierno de Panamá «buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato que establezca beneficios justos para las partes», indicó un comunicado oficial, sin dar más detalles.
Este mismo jueves, el Ejecutivo acusó a Minera Panamá de mantener una «conducta lamentable» durante negociaciones antes de que finalizara, anoche, el plazo establecido hace un mes por el Gobierno para firmar un contrato.
La empresa presentó esta mañana «una nueva propuesta que, entre otras cosas, cambiaba fundamentalmente aspectos económicos, como por ejemplo, una modificación al régimen de regalías previamente acordado», se quejó el Gobierno.
Por su parte, FQM defendió mediante un comunicado su propuesta, pues «el paquete económico propuesto por MPSA convertiría a Cobre Panamá en uno de los mayores pagadores de regalías e impuestos entre las grandes minas productoras de cobre en las Américas», y denunció que frenaba un acuerdo el hecho de que Panamá no ofrecía «las protecciones legales necesarias».