El Congreso de El Salvador otorgó poderes especiales al Ejecutivo de Bukele por 30 días tras una escalada de homicidios que entre el 25 y 27 de marzo se cobró la vida de 87 personas.
Por EFE
Cinco organizaciones humanitarias de El Salvador informaron este viernes que han recibido 1.123 denuncias de supuestos atropellos a derechos humanos bajo el régimen de excepción, vigente en el país desde finales de marzo y con el que el Gobierno de Nayib Bukele dice que está cerca de «ganar» la «guerra» contra las pandillas.
Estas denuncias incluyen a 1.383 personas afectadas, la mayoría hombres jóvenes con edades de entre 18 y 30 años.
Los principales hechos denunciados son detenciones arbitrarias a manos de agentes de la Policía y de militares, que en el caso de la organización Cristosal ha registrado el 97,1 % de los casos.
Otros atropellos denunciados son los allanamientos de vivienda sin orden administrativa o judicial, que representan el 35 % de los casos atendidos por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Los datos de esta misma organización, que ha recibido 170 denuncias, indican que en el 27,1 % de sus casos los familiares no tienen información de la detención.
Abogados y activistas de derechos humanos han señalado que estos casos se adaptan a la figura del «detenido desaparecidos», que no se registraba en el país desde que terminó la guerra civil (1980-1992).
El Servicio Social Pasionista (SPASS), que al igual que el resto de organizaciones ha dado atención a las víctimas de la violencia de las pandillas, señala que el 17,4 % de sus casos son de desplazamiento forzado generado por las autoridades.
Por otra parte, el 38,8 % de los casos atendidos por la Asociación Azul Originario (AZO) son por uso de la fuerza o amenazas, mientras que el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) registró un 2,9 % de denuncias por lesiones.
Estos datos fueron compartidos durante un foro sobre los impactos del régimen de execepción realizado este viernes en un hotel de la capital salvadoreña.
El Congreso de El Salvador otorgó poderes especiales al Ejecutivo de Bukele por 30 días tras una escalada de homicidios que entre el 25 y 27 de marzo se cobró la vida de 87 personas. La medida extraordinaria, que suspende derechos constitucionales, se ha extendido dos veces.
MUERTES BAJO CUSTODIA ESTATAL
Abraham Ábrego, de Cristosal, dijo a Efe que bajo el régimen de excepción han fallecido entre 24 y 26 personas en custodia de las autoridades.
Indicó que su organización ha recibido 4 denuncias de estos casos y que el resto de registros provienen de otras fuentes, como los reportes de los medios locales.
El defensor de derechos humanos apuntó que entre los patrones detectados se encuentra el de víctimas golpeadas durante su detención y que posteriormente fallecieron en un hospital, además personas vapuleadas en los centros de detención o de fallecidos por falta de acceso a medicamentos para enfermedades crónicas.
«Tenemos narraciones (de personas liberadas) de torturas» en las prisiones y que se repiten cuando los familiares de los detenidos denuncian, indicó.
En el referido foro, Ábrego señaló que se han generado indicios en las muertes con signos de torturas y de «posibles ejecuciones extrajudiciales».
Estas muertes, señaló son «responsabilidad del Estado», dado que las personas estaban bajo custodia de las autoridades.
EL HACINAMIENTO EN LAS PRISIONES
Héctor Carrillo, miembro de Fespad, indicó que las más de 36.000 detenciones registradas en los más de dos meses de vigencia del estado de excepción ha llevado el número de personas detenidas hasta las 74.000, con lo que la sobrepoblación de las cárceles sería del 274 %.
Amnistía Internacional señalaba en un informe el jueves que el 1,7 % de la población estaría guardando prisión.
Carrillo recordó que existe una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la situación de hacinamiento en las prisiones